Crimen y Justicia
Activistas y familias de sindicalistas presos en Venezuela piden su «liberación inmediata»
Caracas, 19 ene (EFE).- Un grupo de activistas y familiares de sindicalistas presos en Venezuela exigió este lunes la «liberación inmediata» de estos detenidos, cuando ya han pasado once días desde el anuncio oficial de la excarcelación de un «número importante» de personas, y pidió a las autoridades un salario digno y el respeto a sus derechos.

En una protesta en las afueras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, en Caracas, la Coalición Sindical Nacional indicó que 16 de sus integrantes están detenidos, de los cuales al menos cuatro permanecen en paradero desconocido, por lo que también exigió información sobre dónde se encuentran y sus respectivos estados de salud.

Nancy Subero, esposa de José Luis Subero, dijo a la prensa que no sabe de él desde noviembre pasado, a pesar de que ha ido al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a la Fiscalía, al Palacio de Justicia y a otros «diferentes entes» para solicitar información.
La mujer aseguró estar preocupada y dijo que no sabe qué responder cuando sus hijos le preguntan por Subero, pero afirmó que confía en que «él va a aparecer y lo van a liberar».
El pasado 9 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Subero al considerar que «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable».
Por otra parte, los activistas exigieron al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un incremento en sus remuneraciones y que el salario mínimo, actualmente equivalente a unos 37 centavos al mes, según la tasa de cambio oficial, sea mayor a los 500 dólares, como parte de una «fase de arranque» de la recuperación del poder adquisitivo.
La alianza sindical anunció reuniones en todo el país el próximo viernes, con motivo del aniversario del derrocamiento, el 23 de enero de 1958, del Gobierno de Marcos Pérez Jiménez, para exigir la liberación de los presos políticos y sueldos con poder de compra, así como una movilización para el 12 de marzo, cuando se cumplirán «cuatro años de la congelación del salario» mínimo.
El pasado 8 de enero, el hermano de la mandataria encargada y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante» de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de liberaciones.
Hasta la noche de este domingo, la ONG Foro Penal contabilizó 143 excarcelados, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró 161, y exigió acelerar el proceso para que, dijo, «finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares».
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