EE.UU. planea ampliar ataques a narcos con una alianza internacional

Lo planteó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aclaró que los ataques serían en tierra, contra narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas. La decisión se enmarca en los esfuerzos de la Coalición Anticarteles de las Américas, formada por 19 países, entre ellos la Argentina.

Estados Unidos planea atacar “en tierra” a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, reveló en Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El gobierno de Donald Trump lanzó en septiembre pasado una campaña de bombardeos contra esas lanchas en el Caribe y el océano Pacífico oriental .

Los planes de operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en los esfuerzos de una alianza de 19 países liderada por Trump y que incluye a Argentina, pero podrán ampliarse a “donde quiera” que operen grupos del narcotráfico, dijo el secretario de Defensa estadounidense a periodistas que lo acompañan en Panamá.

Sostuvo que, a corto plazo, EE.UU. espera desplegar junto a sus aliados una “capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga”.

“el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra”, afirmó Hegseth en un lugar de la selva panameña no identificado.

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El jefe del Pentágono viajó a Panamá para unos ejercicios militares que realizan allí cada año una veintena de países.

“Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, (esas organizaciones) son un objetivo, igual que ISIS (acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico) o Al Qaeda”, añadió el ministro vestido con camiseta verde oliva y rodeado de militares.

La Coalición Anticarteles de las Américas reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, de derecha.

Hegseth subrayó que su advertencia a los cárteles va “en serio desde aquí abajo, en el tráfico de cocaína, hasta el fentanilo en las plazas de México”, además de los remanentes de las guerrillas colombianas, que definió como “objetivos legítimos”.

México, donde operan poderosas organizaciones criminales, no forma parte de la alianza.

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Hegseth defendió la letalidad de los ataques contra las supuestas narcolanchas, que según juristas y organizaciones de derechos humanos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. “No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados. Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del gobierno estadounidense”, amenazó.

Hace poco y por iniciativa del clan Bolsonaro, del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, la cancillería norteamericana sumó a los carteles narcos de Brasil a la lista de organizaciones terroristas, dentro del radar de seguridad nacional norteamericana lo que brindaría libertad a EE.UU. para actuar contra esas mafias. El gobierno brasileño protestó severamente contra esa medida que disputa la soberanía del país para ocuparse de combatir a estos grupos criminales.

La campaña de bombardeos de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotráfico a la que alude el polémico funcionario estadounidense, ha dejado al menos 215 muertos desde su lanzamiento en septiembre de 2025. Esta ofensiva militar aérea, ejecutada principalmente por el Comando Sur (SOUTHCOM), opera bajo la misma premisa de catalogar a los cárteles y organizaciones de narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras”.

A fines de julio, el diario The Washington Post sostuvo que los ataques a 67 supuestas narcolanchas como parte de una campaña contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico no han frenado el flujo de cocaína al país. Además no se han presentado evidencias que constaten que era barcos con propósitos delictivos. Los tripulantes no fueron arrestados y en algunos casos rematados con segundos bombardeos.

El Post cita una evaluación de la Administración de Control de Drogas (DEA), sin publicar hasta el momento, que advierte que estos bombardeos no han afectado el suministro ni el precio de este estupefaciente y han llevado a que los grupos criminales desarrollen nuevas estrategias y tácticas para transportar drogas.

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Los narcotraficantes habrían dejado de usar lanchas rápidas en sus operaciones, que ahora evitan aguas internacionales, para optar por embarcaciones de mayor tamaño y rutas cercanas a las costas, donde existe una menor probabilidad de ser atacados por los estadounidenses.

De acuerdo con el rotativo, funcionarios del Pentágono comunicaron a legisladores en una sesión informativa a puerta cerrada que los ataques “no habían reducido la pureza de la droga”.

En lugar de barcos, los narcotraficantes han aumentado el uso de aeronaves desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela, para dirigirse al este, pasando por Guyana y Surinam, y así buscar eludir a las fuerzas estadounidenses, según la evaluación de la DEA reportada por el Post.

La administración del presidente, Donald Trump, comenzó en septiembre de 2025 la operación ‘Lanza del Sur’ contra el narcotráfico, primero en aguas del Caribe y luego en el Pacífico oriental, como una ofensiva regional contra el narcotráfico. También ha amenazado con operaciones similares en México, donde ha habido incidentes con agentes encubiertos norteamericanos en operaciones no informadas al gobierno mexicano.

DE LA ESPRIELLA El acuerdo del nuevo gobierno de Colombia con el Pentágono

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El gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella y EE.UU. plantó desde Panamá la semilla de un acuerdo militar, que podría llevar tropas estadounidenses a territorio colombiano. El ministerio de Defensa de Colombia informó que Bogotá formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas.

“La cooperación internacional fortalece y no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, aseguró el ministerio colombiano, pero no pudo frenar las controversias. Este instrumento, según explicó Bogotá “profundiza una relación estratégica construida durante décadas y permitirá fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional “,

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