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Un juez pide que el pleno del Supremo juzgue un recurso contra suspensión de X en Brasil

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Fotografía de un celular que muestra la aplicación de la red social X después de haber dejado de funcionar en Brasil debido a un bloqueo impuesto por el Supremo Tribunal Federal. EFE/ Isaac Fontana

Brasilia, 5 sep (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil solicitó este jueves que un recurso contra la suspensión de la red social X en el país sea juzgado por el pleno del tribunal, según informaron fuentes oficiales.

El asunto fue planteado por el magistrado Kassio Nunes Marques, uno de los once miembros del Supremo y responsable de decidir sobre un recurso presentado por el partido Novo, una formación de derechas con escasa fuerza en el Parlamento que considera la suspensión de X un acto de «censura» y una «violación» a la libertad de expresión.

Nunes Marques, que se negó así a decidir por la vía cautelar, también ha pedido que la Fiscalía General y la Abogacía General del Estado se manifiesten sobre la suspensión de X en los próximos cinco días y que sus opiniones sean evaluadas por el pleno.

La solicitud de Nunes Marques, enmarcada en el régimen interno del tribunal, será analizada por el presidente del tribunal, Luís Roberto Barroso, quien deberá fijar la fecha en que sería convocado el pleno.

La red social del magnate Elon Musk está suspendida en Brasil desde el pasado sábado, debido a reiterados desacatos a decisiones del Supremo que exigieron retirar decenas de perfiles en el marco de un proceso sobre una masiva difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones.

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La suspensión fue ordenada primero en forma cautelar por el juez Alexandre de Moraes, a quien el propio Musk insulta y descalifica desde hace meses a través de X, y ratificada el pasado lunes por los cinco miembros de la primera sala de la Corte Suprema.

Según el juez De Moraes, X incurrió en «reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas» impuestas por el tribunal a la empresa y calculadas en total en unos cuatro millones de dólares.

De acuerdo al magistrado, eso tendría la intención de «instituir un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley’» y facilitar «la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales», mediante una «masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos».

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