SIP: El mayor problema del periodismo en Panamá sigue siendo acoso judicial para silenciar

 Córdoba (Argentina), 18 oct (EFE).- El «mayor problema» del periodismo en Panamá «sigue siendo» el acoso judicial a los medios de comunicación para «silenciar» las investigaciones de presunta corrupción, según un informe la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aún pendiente de aprobación.

«El mayor problema para la libertad de prensa sigue siendo el acoso judicial a través de demandas por difamación que presentan servidores públicos contra medios y periodistas para silenciar investigaciones por presunta corrupción», destaca el documento, publicado en el marco de la 80 Asamblea de la SIP que se celebra en la ciudad de Córdoba, Argentina, entre el 17 al 20 de octubre.

Así, indica que esos «procesos permiten que, sin que haya sentencia, los jueces puedan demandar el secuestro de bienes a los demandados, a modo de garantía».

La SIP pone atención en un proyecto de ley presentado durante el Gobierno del presidente, José Raúl Mulino -que asumió el 1 de julio pasado-, para impedir que los bienes y activos de medios de comunicación y generadores de opinión puedan ser secuestrados judicialmente en procesos civiles por calumnia e injuria.

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«Asuntos judiciales relevantes»

La SIP destaca las 15 demandas civiles que enfrenta Corprensa, casa editorial que publica el diario La Prensa, de las que hay «siete en primera instancia, que pretenden hasta 4,2 millones de dólares; cuatro con fallos a su favor en primera o segunda instancia, que pretendían 33,5 millones pero que resultaron en el pago de 817.000 dólares a favor del medio».

Y además, hay «cuatro fallos en contra, que buscaban 12 millones, pero en los que se ha ordenado al medio pagar 566.476» dólares, señala el documento. Estas sentencias «amenazan la sostenibilidad y viabilidad financiera de Corprensa».

En su informe anual, la SIP alude a asuntos judiciales «relevantes» que enfrentan periodistas, comentaristas, diarios y medios digitales por demandas civiles por montos millonarios en concepto de daños y perjuicios.

En uno de estos casos, un tribunal confirmó la sentencia contra el comentarista Eduardo Narváez a cinco años de prisión por violencia de género en perjuicio de la exprocuradora general Kenia Porcell, por presuntas lesiones psicológicas, mientras otro juzgado revocó en segunda instancia el fallo a favor de Corprensa por presuntos daños y perjuicios por 5,5 millones dólares interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) en 2012, proceso que está en apelación ante el Supremo.

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Están pendientes dos recursos de un caso de supuesta violación del derecho de imagen por la publicación de un coleccionable con contenido biográfico del boxeador Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, por el que La Prensa fue condenada al pago de 505.000 dólares, cifra considerada «desproporcionada dado que el proyecto editorial generó ingresos por 20.000 y costos por 70.000» dólares.

«La interpretación del juzgado podría permitir que personalidades públicas demanden a medios y periodistas por el uso de su imagen», indicó la SIP.

También, el periódico La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas han sido denunciados por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) «por presuntos daños contra el honor y la seguridad económica», en tanto que el Supremo ratificó una condena civil contra Geo Media, que edita La Estrella, para pagar 24.735 dólares por una demanda por la publicación de dos glosas en 2012.

Un caso relevante es la confirmación del Supremo, en el marco de la condena del caso New Business, sobre la adquisición de la Editora Panamá América, S.A. (EPASA), antigua editora de los diarios Panamá América, La Crítica y Día a Día, que incluye el decomiso de las acciones de la editorial a favor del Estado, pero «hasta el momento, los medios continúan publicando con libertad editorial».

Por ese caso el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) está asilado desde febrero pasado en la embajada de Nicaragua tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo.

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