«Decepcionante»: victimas de represión en Chile denuncian impunidad a 5 años del estallido

Santiago de Chile, 18 oct (EFE).- Muchas de las imágenes que denunciaron al mundo la represión para contener las protestas de 2019 en Chile fueron registradas por Nicole Kramm, fotógrafa y documentalista que tras semanas filmando vivió en carne propia la brutalidad policial.

Un disparo efectuado por Carabineros impactó en su ojo izquierdo, abriendo un camino en busca de Justicia que, a casi cinco años del hecho, define como «agotador, desolador y decepcionante».

«Ha sido complejo y doloroso, porque han sido las propias víctimas las que se han encargado de repararse a sí mismas. Ningún gobierno se ha hecho partícipe de una reparación integral, eso no existe. Por el contrario, se ha criminalizado a las personas y se ha blindado a los agentes estatales», dijo a EFE.

Su caso es una de las 10.142 denuncias ingresadas en los tribunales chilenos, que solo mantienen abiertas 1.400 investigaciones y que únicamente han dictado 44 sentencias condenatorias, según Amnistía Internacional (AI).

«Hubo obstrucción a las investigaciones, se han perdido pruebas que evidencian cómo actuaron para dañar e inmovilizar a quienes estaban en la protesta. Esto significa que en Chile se permite que se vulneren los Derechos Humanos. No se ha dado importancia ni recursos para esclarecer estos crímenes, eso es lo que más nos asusta, porque con esto no hay garantía de no repetición y esa es una sensación aplastante”, subrayó.

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Cuatro informes

En diciembre de 2019, cuatro informes internacionales expusieron las generalizadas violaciones a los derechos humanos vividas en el país durante el estallido social, en tanto que numerosas publicaciones locales revelaron la magnitud de la fuerza policial ejercida en Santiago y otras ciudades para repeler las protestas.

En total se documentaron más de 3.500 heridos, 220 de ellos con algún tipo de trauma ocular. Siete personas murieron en las manifestaciones por acción de agentes del Estado.

La policía disparó 104.000 tiros de escopeta en las primeras dos semanas de protestas, donde hubo 126 víctimas de lesiones oculares, según una investigación del medio local CIPER. Entre el 18 de octubre y fines de diciembre, Carabineros disparó 152.000 cartuchos calibre 12, cada uno con una docena de perdigones.

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Todas estas acciones, acreditadas por diversas instituciones, hoy configuran el corazón de la acusación contra del ex director general de Carabineros Ricardo Yañez y otros dos exmiembros del Alto Mando por “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio”, considerando los cargos que ocupaban entonces.

Prescripción

El pantano en el que cayeron las investigaciones judiciales responde primero a «la gran cantidad de denuncias en muy poco tiempo (…), con un periodo de 6 meses donde hubo más de 10.000 por violencia institucional cometida mayoritariamente por Carabineros y en parte por las Fuerzas Armadas», plantea el director de AI Chile, Rodrigo Bustos.

«Generalmente, en periodos normales, se da en 3 o 4 años, entonces fue una avalancha muy grande», agrega.

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Además, denuncia que «no se entregaron los recursos adicionales a la Fiscalía, a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y al Servicio Médico Legal, todas instituciones que tenían roles claves para la investigación de estos delitos».

La falta de colaboración policial para entregar documentación interna, más el impacto de la pandemia en el atraso de pericias clave, la no atención presencial en tribunales y fiscalías y la suspensión de diligencias que requerían gestiones ‘in situ’, como tomar declaración y reconstruir la escena, terminaron por obstaculizar el acceso a justicia y reparación.

En este contexto, Angélica Torres, académica de la Facultad de Derecho UDP y coautora del Informe Anual sobre derechos humanos en Chile UDP 2024, añade «la publicación e interpretación de leyes al borde de la infracción de estándares internacionales en materia de derechos humanos».

«Como, por ejemplo, la ley 21.560, conocida como “Nain Retamal”, que modifica elementos del tipo penal de apremios ilegítimos, calificación jurídica que es usada en una gran cantidad de los casos investigados», señaló.

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«Vivir la impunidad indigna»

La portavoz de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares, Marta Valdés, dijo a EFE que cuando alguien quiere borrar algo es porque no quiere castigar a los responsables; «esa es la potencia del olvido».

«Vivir la impunidad es una cuestión que duele e indigna mucho y lo cierto es que ninguno de nosotros está dispuesto a olvidar lo que pasó, nuestra memoria es importante, porque es importante que las generaciones futuras sepan, que se cuiden, que continúen. El peligro está en que no puedes avanzar en una democracia cuando se tranzan los derechos humanos y la historia», concluye.

Sebastián Silva

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