Filipinas prohíbe oficialmente la polémica industria del juego en línea tras escándalos

Manila, 8 nov (EFE).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., oficializó este viernes la prohibición de la polémica industria del juego en línea, que cesará a final de año todas sus actividades, tras múltiples escándalos de criminalidad y trata de seres humanos vinculados principalmente con mafias chinas.

Los lucrativos ingresos generados por estos negocios, conocidos como POGO en el país, palidecen ante “los riesgos y consecuencias negativas como el aumento de los índices de delincuencia, la inestabilidad social y la explotación de las personas vulnerables asociadas a ellos”, indicó en un comunicado la Oficina de Comunicación del Presidente.

Lavado de dinero, estafas en línea y vínculos con mafias tanto filipinas como extranjeras han convertido estos casinos en línea en una verdadera mancha en la estrategia de promover Filipinas “como un país seguro y sostenible para la inversión y el turismo”.

Así pues, como ya anunció en julio, Marcos firmó hoy una orden ejecutiva que prohíbe las actividades de estos casinos virtuales dirigidos principalmente a China, que fueron legalizados en Filipinas en 2016 bajo la presidencia de Rodrigo Duterte.

Según la normativa, los POGOs deberán cerrar sus operaciones antes del 31 de diciembre de este año.

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Cuando Marcos proclamó la futura prohibición de los casinos virtuales, el medio filipino Rappler estimó que daban empleo a unas 41.800 personas, de los que un 18 por ciento eran chinos, mientras que en 2019 aportaron unos 104.000 millones de pesos (unos 1.780 millones de dólares o 1.630 millones de euros) a la economía.

Desde el pasado julio, las autoridades filipinas han llevado a cabo una serie de redadas en casinos virtuales sospechosos de albergar actividades ilegales.

El 4 de octubre, más de 250 personas fueron arrestadas en un centro supuestamente dedicado a estafas amorosas en línea. Mientras que en junio de 2023, más de 2.700 víctimas de trabajo esclavo fueron rescatadas en una de las mayores operaciones policiales de los últimos años.

Durante su mandato, Duterte (2016-2022) se negó a cerrar estos negocios, al alegar el beneficio económico que suponían para el país.

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