Crimen y Justicia
Prisión para 3 vinculados al proyecto rechazado por ambientalista asesinada Berta Cáceres
Tegucigalpa, 15 nov (EFE).- Una sala de lo penal del Supremo de Honduras condenó este viernes a prisión a tres personas vinculadas a la concesión de un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, por considerar que causaba daños al medioambiente.
Los condenados son Roberto David Castillo, quien era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca; Carolina Lizeth Castillo, exfuncionaria de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), por el delito de fraude, y el exalcalde de San Francisco de Ojuera Raúl Pineda, en el departamento de Santa Bárbara, oeste hondureño.
Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo fueron condenados a cinco años cárcel, una multa de 380.700 lempiras (unos 15.200 dólares) cada uno y la inhabilitación en la vida pública durante diez años.
El exalcalde fue condenado a dos años de prisión por el delito de falsificación de documentos públicos y deberá cumplir con trabajo social, además de ser inhabilitado para cargos municipales durante seis años.
El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que Berta Cáceres era su coordinadora general, indicó en redes sociales que “estas sentencias marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo lenca, el Copinh y la justicia” por el asesinato de la reconocida ambientalista.
Señaló además que Berta Cáceres evidenció que “la concesión del Río Gualcarque fue un fraude”.
El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras había solicitado siete años de cárcel para Roberto David y Carolina Lizeth Castillo por fraude, y doce años para el exalcalde de San Francisco de Ojuera por falsificación y usurpación de funciones.
En el caso de Roberto David Castillo, en 2022 fue condenado a 22 años y seis meses de prisión por la muerte de Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su casa, en la ciudad de La Esperanza, en el oeste del país.
La ambientalista asesinada se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
La sentencia de hoy había sido pospuesta tres veces.
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