La CPI rechaza libertad provisional de Duterte por motivos de salud y seguirá hacia juicio

La Haya, 10 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes la libertad provisional del expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte, solicitada por su defensa por motivos de salud, y ordenó que siga detenido, al concluir que existe el riesgo de fuga, de obstrucción de la investigación y de reiteración de los crímenes.

La decisión fue adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares I y desestima dos peticiones de la defensa -una urgente y otra renovada con nuevos informes médicos-, y ordena que Duterte continúe bajo custodia en La Haya mientras avanzan los procedimientos, lo que supondrá ahora el establecimiento de una fecha para la audiencia en la que se confirmarán los cargos contra el exdirigente filipino.

Duterte fue entregado a la CPI en marzo pasado, tras una orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad (asesinatos) cometidos en Filipinas como parte de la “guerra contra las drogas” durante su mandato.

La defensa pidió en junio su “liberación inmediata” en un país no revelado, bajo condiciones estrictas de control, y argumentó que Duterte no representa riesgo de fuga debido a su supuesto estado de salud física y cognitiva deteriorada; su disposición a regresar al tribunal cuando se le ordene, y el apoyo del Estado receptor para garantizar las condiciones impuestas.

También sostuvo que no puede interferir con las investigaciones ni volver a delinquir, porque ya no tiene acceso relevante a información sensible ni poder operativo.

Sin embargo, la Fiscalía y los representantes de las víctimas se opusieron, afirmando que Duterte sigue teniendo capacidad para evadir la justicia gracias a sus contactos políticos y recursos económicos, que su entorno ha hablado públicamente de “liberarlo” por la fuerza, y que su figura mantiene influencia en Filipinas, donde su hija es vicepresidenta y él mismo volvió a ser alcalde de Dávao este año.

Añadieron que existen antecedentes de presiones a testigos y amenazas contra opositores, y que no se han presentado razones médicas o humanitarias suficientes para justificar la liberación.

Anuncio

La Sala coincidió con estos argumentos y destacó que Duterte calificó su arresto de “secuestro” y ha rechazado la legitimidad del tribunal desde el primer momento, y los jueces recordaron que su familia resistió físicamente su entrega a la CPI y que él afronta múltiples cargos por crímenes de lesa humanidad que podrían acarrear una larga condena si son confirmados y se llega a juicio.

En cuanto al riesgo de interferencia, los jueces señalaron que no es necesario demostrar actos recientes: basta con que exista la posibilidad razonable de que, en libertad, pueda influir sobre testigos o el proceso, directamente o mediante terceros.

La Sala subrayó también, sobre el riesgo de reincidencia, que Duterte había prometido “duplicar” las ejecuciones extrajudiciales si volvía al poder local, y que en este año fue reelegido alcalde de Dávao, la ciudad donde se produjeron parte de los crímenes imputados.

La CPI había aplazado el pasado septiembre una audiencia de confirmación de cargos contra Duterte, que estaba planeada para el día 23 de ese mismo mes, después de que su defensa alegara que el político octogenario no está en condiciones de enfrentar un proceso judicial. Ahora se espera que se anuncie una nueva fecha para esa sesión pública.

Anuncio

Share on Facebook

Tweet