La libertad de prensa en Panamá presenta un “panorama de contrastes”, según la SIP

Punta Cana (República Dominicana), 19 oct (EFE).- La situación de la libertad de prensa en Panamá presenta un “panorama de contrastes”, pues aunque no hay “agresiones físicas graves” contra periodistas, “persisten serios desafíos en el ámbito judicial y económico que generan presión sobre los medios de comunicación”, según el informe anual aprobado este domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El informe indica que el “principal problema son las demandas judiciales, tanto civiles como penales, contra periodistas y medios”, debido a que “la legislación no ha sido reformada para impedir el secuestro (embargo) de bienes de los medios, impresos y digitales, dentro de estos procesos”.

Así, dicho “secuestro puede ordenarse al inicio del juicio, incluso antes de que se presenten pruebas, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera de los medios o periodistas demandados”, señala el documento de la SIP, que celebra su 81º Asamblea General hasta hoy en Punta Cana, este de la República Dominicana.

El diario La Prensa -uno de los principales del país- “enfrenta costos legales exorbitantes y múltiples procesos pendientes” ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con 15 demandas civiles por montos millonarios y otra de un diputado “por supuestas injurias”.

En “materia de calumnia e injuria, los procesos se tramitan como demandas civiles ordinarias, sin aplicar el principio de la ‘real malicia’, (lo que) deja las decisiones al libre criterio de los jueces”, como -cita de ejemplo la SIP- una demanda de 5 millones de dólares contra ese periódico por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares.

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Además, otros rotativos como La Estrella de Panamá tiene una demanda del Suntracs – el principal sindicato-, el medio independiente Foco enfrenta dos causas penales y dos demandas civiles así como el embargo de 4.500 dólares por un proceso del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y asilado en Colombia.

Denuncian el uso de la publicidad estatal como presión

El informe del organismo periodístico también recoge una reciente investigación de La Prensa sobre los supuestos 7,1 millones de dólares para restaurar una “villa diplomática”, propiedad del Estado, que el presidente del país, José Raúl Mulino, calificó de “morbo y mala fe”.

Tras ello, según la SIP, La Prensa “fue notificada de la cancelación de varios contratos publicitarios de instituciones estatales” y que “algunos funcionarios expresaron que la suspensión de la publicidad estatal obedecía a las publicaciones relacionadas con las hijas del presidente y el proyecto de restauración de la villa diplomática, añadiendo que no iban a pautar por orden de la Presidencia de la República”.

De esa manera, “varios medios han denunciado que la publicidad estatal se utiliza como mecanismo de presión”, pues un informe impulsado por el Forum de Periodistas (principal institución gremial) “reveló que la mayoría de los medios reciben presiones gubernamentales a través de la pauta”.

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Las “reacciones destempladas” de Mulino contra periodistas

El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información sigue siendo “deficiente” porque los “funcionarios evitan responder a los cuestionamientos de la prensa o se amparan en la Ley de Protección de Datos Personales para negar información pública” y la Asamblea Nacional “no se registraron avances en iniciativas de transparencia”.

Además, destaca ese informe, “en actos oficiales suele discriminarse en la invitación a los medios”, y el presidente panameño “a menudo tiene ‘reacciones destempladas’ frente a preguntas incómodas en sus conferencias semanales”.

El acoso digital “ha disminuido en general, aunque persisten campañas de desprestigio en redes sociales contra periodistas, impulsadas en algunos casos por (el expresidente) Martinelli, quien manipula información privada de comunicadores”.

El informe también menciona “la difícil situación económica del sector”, la cual “ha provocado autocensura entre periodistas; varios han optado por ejercer de manera independiente o abandonar la profesión”.

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Sin embargo, señala, “a pesar de las presiones y limitaciones, el Estado mantiene garantías para el ejercicio del periodismo”, ya que “no se han registrado cierres de medios, bloqueos digitales, ni vigilancia contra periodistas”, así como “atentados o agresiones físicas graves”

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