Con demandas sociales aún vigentes, Chile pugna por el relato del estallido 5 años después

María M.Mur

Santiago de Chile, 17 oct (EFE).- En la víspera del quinto aniversario del estallido social, Chile está inmerso en un intenso debate entre quienes consideran que las demandas que sacaron a miles de personas a las calles siguen vigentes y quienes criminalizan las protestas y las tildan de «estallido delictual».

A continuación, las claves de unas revueltas que pusieron contra las cuerdas a la institucionalidad del país más estable de la región y derivaron en dos procesos constituyentes fallidos:

 ¿Qué pasó hace cinco años?

El 18 de octubre de 2019 estalló en Chile la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como un pequeño reclamo de los escolares en contra del alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor transversal por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.

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El estallido, que se extendió hasta la irrupción de la pandemia, combinó marchas pacíficas y multitudinarias -el 25 de octubre más de 1,2 millón de personas se congregaron en Santiago- con episodios de violencia desmedida, quema de estaciones de metro y saqueos.

«El estallido fue algo sorprendente, tanto para los chilenos como para la región. Cinco años después no se pueden identificar todas las razones, pero es verdad que existía un nivel alto de desesperación y descontento», dijo a EFE Anders Beal, investigador del Wilson International Center, en Estados Unidos.

Las protestas dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 manifestantes con graves daños oculares, y la ONU y organismos internacionales señalaron a las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Se abrieron más de 10.000 causas judiciales y los altos mandos de la época están siendo investigados actualmente.

 Sin cambio constitucional

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En noviembre de 2019, tras una noche de desorden absoluto, las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo para convocar un plebiscito sobre la Constitución, heredada de la dictadura y considerada por muchos como el origen de la grandes desigualdades del país, pues concede al Estado un rol secundario en la provisión de salud, educación o pensiones.

Casi un 80 % de los chilenos se inclinó por cambiar la carta magna y el país se zambulló en una larga discusión sobre el modelo de sociedad que quería ser.

Entre 2021 y 2023, se redactaron dos propuestas constitucionales, la primera liderada por la izquierda radical y la segunda por la ultraderecha, y ambas fueron rechazadas por mayoría en las urnas, lo que llevó a la clase política a cerrar el debate constitucional y descartar un tercer proceso.

El propio presidente Gabriel Boric lamentó que ninguna de las propuestas «logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad» y se centró en sacar adelante sus reformas claves (tributaria y de pensiones), trabadas en el Parlamento por falta de acuerdo.

«Uno podría engañarse y pensar que el tiempo hizo desaparecer la molestia que se expresó en 2019. Ahora bien, la ciudadanía ha dejado claro que quiere cambios con estabilidad, reformas sin refundación. Lamentablemente, nadie ha logrado dar con un tono adecuado», indicó a EFE Rodrigo Pérez de Arce, investigador del centro Faro UDD.

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Beal, por su parte, aseguró que «el experimento chileno deja muchos aprendizajes» y «demostró que la democracia sí puede ser una fórmula para responder a las demandas populares e involucrar a la ciudadanía».

 Disputa por el relato

Cinco años después, el apoyo al estallido cae en picado: la encuesta CEP reveló recientemente que solo el 17 % considera que el estallido fue «positivo o muy positivo», frente al 50 % que lo ve «muy malo o malo». También mostró que el 23 % sigue defendiendo las protestas, la mitad de quienes lo hacían en 2019.

Gustavo Gatica, el joven que quedó ciego luego de que un policía le disparó perdigones al rostro y cuyo caso dio la vuelta al mundo, lamentó esta semana en una entrevista con EFE que hay una «disputa por el relato» y que se está logrando instalar la idea de que el estallido fue básicamente violento.

«Se habla de ‘estallido delictual’, lo que me parece una falta de respeto hacia todos los que salieron a manifestarse», denunció.

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Medio centenar de organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en ese sentido y aseguraron que la ultraderecha y la derecha buscan «deslegitimar toda forma de protesta» y «estigmatizar» a quienes participaron en las manifestaciones.

«Quienes debieron defender la otra narrativa de lo que fue el estallido social no lo hicieron (…) Creo que la izquierda chilena no ha estado a la altura», concluyó Gatica.

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