Congreso de Nicaragua, a petición de Ortega, ordena a bancos desconocer sanciones externas

San José, 25 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este lunes una ley que ordena al sistema financiero nacional desconocer las sanciones internacionales dictadas contra funcionarios del Estado y/o instituciones públicas nicaragüenses, y quien las incumpla será acusado de «traición a la patria».

La ‘Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas’, propuesta la semana pasada por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue aprobada de manera unánime por los 91 diputados que integran el Congreso.

«Nosotros estamos en Nicaragua, no nos representan rentas del Tesoro de los Estados Unidos, ni hay corresponsalía (bancaria) alguna que esté por encima de nuestra Constitución Política y nuestras leyes nacionales», declaró en el pleno el legislador sandinista Filiberto Rodríguez.

«Nos sentimos hartos de estar siempre con la espada de Damocles o una bota en el cuello», lanzó el también diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, sancionado por EE.UU. y Canadá.

Gutiérrez explicó que las corresponsalías bancarias son acuerdos privados entre un banco extranjero y uno nacional que no pueden estar por encima de la Constitución ni las leyes de Nicaragua.

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«Desde cuando acá, solamente porque soy banco, estoy encima del bien y del mal», criticó el legislador, quien instó a la Superintendencia de Bancos revisar los contratos de corresponsalías de los bancos.

Sanciones serán inaplicables en Nicaragua

La ley será aplicada por todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal, así como por las personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas en todo el territorio nacional, incluyendo los bancos.

Establece que «en Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional».

«Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance», según el texto.

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Además establece que ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado.

Acusarán de traición a la patria al que la incumpla

Además, Nicaragua garantizará que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones.

Las instituciones públicas reguladoras podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones.

«Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por el delito de Traición a la Patria», advierte la norma.

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Asimismo, las instituciones del Estado, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas, en el caso de ser afectados por la aplicación de sanciones, podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede, conforme a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas.

En un principio, Nicaragua decía que las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países imponían a funcionarios allegados a Ortega, incluido a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la violación de los derechos humanos y por socavar la democracia, no eran de «interés nacional, o personal, de ninguno», incluso la calificaban como una «condecoración».

Posteriormente comenzaron a protestar por esas sanciones y a denunciarlas en foros internacionales.

Además de la esposa de Ortega, EE.UU. y la Unión Europea han sancionado a cuatro de los hijos de la pareja presidencial; al titular del Banco Central, Ovidio Reyes; al jefe del Ejército, Julio César Avilés; al jefe de la Policía, Francisco Díaz; al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, entre otros, así como a entidades públicas.

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