Consejo Fiscal advierte del “gran deterioro” en la elaboración de leyes económicas en Perú

Lima, 21 oct (EFE).- El actual Congreso (Parlamento) de Perú, junto al Gobierno de la destituida presidenta Dina Boluarte, han protagonizado en los dos últimos años un “gran deterioro” de los procesos de elaboración de leyes económicas, lo que ha dejado un escenario de más de 200 normas con un impacto fiscal adverso y un futuro aumento de la deuda pública del país, alertó este martes el Consejo Fiscal.

El presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, explicó en una rueda de prensa que el actual Parlamento ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal negativo, más de tres veces el promedio de lo admitido en periodos anteriores, y muchas de estas no pasaron por la Comisión de Presupuesto del Congreso, lo que definió “como inédito”.

“Hay mucho deterioro en los procesos parlamentarios de normativas con impacto fiscal adverso y después también en las acciones del Ejecutivo”, indicó Segura al indicar que la exmandataria Boluarte promulgó decenas de leyes pese a la oposición de la opinión técnica de parte del Gobierno.

El Consejo Fiscal, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, no suele dar ruedas de prensa ni pronunciarse ante los medios, pero su mesa directiva expuso su preocupación ante el panorama macroeconómico del país si no se revierten algunas de estas leyes que afectan a la estabilidad fiscal o se siguen aprobando más con esta misma consecuencia.

Precisó que medidas como la bonificación de clases para docentes suponen más de 40.000 millones de soles anuales (unos 12.000 millones de dólares o 10.300 millones de euros) o el incremento del Fondo de Compensación Municipal de Perú (Foncomun) es un costo fiscal de 8.500 millones de soles (unos 2500 millones de dólares o 2.170 millones de euros).

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“Son leyes que han venido saliendo durante los últimos años, pero sobre todo de los 12 meses recientes, que tienen costos fiscales enormes, que no van a poder acomodarse en los presupuestos públicos. La consecuencia será el incremento sostenido del déficit fiscal y una trayectoria al alza de la deuda pública”, sostuvo el presidente del Consejo Fiscal.

Segura advirtió que en los últimos dos años han crecido las partidas de gasto público que no tienen el financiamiento identificado, y han proliferado diversas exoneraciones “que básicamente corroen la generación de ingresos futuros”.

Los expertos también recordaron que Perú incumplió su meta de déficit fiscal de 2,2 % del PIB en 2023 y en 2024, cuando acumuló un déficit fiscal del 3,5 % del PIB, el dato más alto desde 1992. Para 2025, consideraron que es complicado que llegue a la cifra meta “con todo lo que se ha metido en el tubo de las finanzas públicas”.

Responsabilidad compartida

El Consejo Fiscal señaló que el Congreso “ha intensificado” el uso del mecanismo de insistencia para la aprobación de leyes, “lo que demuestra un rechazo sistemático de las observaciones técnicas y legales formuladas por las entidades especializadas del Estado”.

“El mecanismo de insistencia (procedimiento que permite al Congreso aprobar una ley que el Poder Ejecutivo ha vetado parcial o totalmente) debilita la institucionalidad fiscal y erosiona los mecanismos de control diseñados para garantizar una gestión responsable de los recursos públicos”, agregó.

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Pero el riesgo de la estabilidad fiscal en el país no solo es responsabilidad del Congreso. De las leyes como impacto adverso, el Ejecutivo ha dejado de observar más de la mitad, hasta el 56 % de las 229 leyes.

“Ha dejado que se publiquen sin observación y son leyes que tienen un impacto fiscal en muchos casos enorme”, indicó Segura al añadir que, además, el Ejecutivo solo ha llevado ante el Tribunal Constitucional tres de estas normas, y la última vez fue en 2023.

Agregó que el Gobierno debe de tomar las acciones legales correspondientes para tratar de derogar esas normas o derogar en las partes que corresponda y poder mitigar el impacto sobre las cuentas fiscales.

“Acá hay responsabilidades compartidas, el Ejecutivo también ha dejado de utilizar todos los dispositivos que tiene a su disposición para tratar de impedir que estos instrumentos con costos fiscales no identificados y no recomendables técnicamente se materialicen en leyes”, apuntó.

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