Denuncian abusos en cárcel de inmigrantes

Fuente: AP

McAllen, Texas. – Una nueva demanda federal ha puesto al descubierto serias denuncias de abusos y negligencias en el Centro Residencial para Familias de Dilley, Texas, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La instalación, reabierta en marzo pasado, alberga a familias solicitantes de asilo y ha sido señalada por condiciones insalubres y tratos inadecuados hacia los menores de edad.

De acuerdo con los testimonios presentados en la demanda, los niños detenidos han tenido que pelear con adultos para acceder a agua limpia, mientras que la suministrada en grifos presenta mal olor y causa malestares estomacales.

Las familias denunciaron que productos básicos como agua embotellada, jabón, pasta dental o desodorante solo pueden adquirirse a precios elevados dentro del centro, algo que genera indignación entre abogados de derechos humanos. “Nunca había oído que los niños tuvieran que comprar agua”, señaló Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Right, organización que representa a los menores detenidos.

La atención médica también es cuestionada: un niño con dolor abdominal esperó seis horas antes de recibir asistencia, siendo diagnosticado después con apendicitis, mientras que otro menor herido en un brazo tardó dos horas en ser trasladado a un hospital para una radiografía.

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Los abogados destacan que muchos niños permanecen retenidos más allá de las 72 horas que establece el Acuerdo de Flores, algunos por semanas e incluso meses. El acuerdo, vigente desde 1997, obliga al gobierno federal a mantener a los menores en condiciones seguras y sanitarias.

En Dilley, sin embargo, los niños enfrentan no solo estrés prolongado sino también la ausencia de actividades recreativas o educativas. Una madre relató que su hijo “ya no cree en Dios porque le reza pero aún no hemos podido salir de aquí”.

Por protecciones infantiles

El gobierno federal, bajo la administración del presidente Donald Trump, busca poner fin al Acuerdo de Flores, lo que permitiría detenciones más prolongadas en instalaciones como la de Dilley. La jueza federal Dolly Gee, en Los Ángeles, escucha los argumentos de esta disputa legal, que podría marcar un precedente para el futuro de las protecciones a los menores inmigrantes en Estados Unidos.

Desde la reapertura del centro, al menos 65 familias han compartido con abogados sus experiencias, describiendo un ambiente de inseguridad, negligencia y re-detenimiento: familias liberadas tras semanas en custodia son citadas nuevamente por ICE y vueltas a encarcelar.

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