Deportaciones sin pruebas

Fuente: ProPublica

Washington, D.C.- El gobierno del expresidente Donald Trump deportó a 238 migrantes venezolanos y los envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a que más de la mitad de ellos no tenía ningún historial criminal en Estados Unidos. Así lo revelan documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), obtenidos por una investigación conjunta de medios estadounidenses y venezolanos.

Aunque el gobierno los presentó públicamente como «terroristas» y miembros de la pandilla Tren de Aragua, solo 32 de los deportados habían sido condenados por algún delito en EE.UU., en su mayoría por faltas menores como hurto o infracciones de tránsito. Otros seis tenían condenas por delitos violentos. Pero la gran mayoría —130 personas— solo aparecían como infractores de las leyes migratorias, sin ningún cargo penal.

¿Quiénes son los deportados?

La investigación periodística analizó cada uno de los 238 casos y entrevistó a familiares y abogados de al menos 100 deportados. La historia de Leonardo Colmenares, un joven entrenador de fútbol detenido por tener tatuajes, refleja la arbitrariedad del proceso. Su familia asegura que nunca tuvo problemas con la ley ni en Venezuela ni en Estados Unidos.

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Los registros del gobierno no ofrecen pruebas claras de vínculos con pandillas. De hecho, ninguna de las personas deportadas aparece en las listas de presuntos pandilleros elaboradas por Interpol o las autoridades venezolanas.

Deportados sin juicio

Los migrantes fueron trasladados a El Salvador el 15 de marzo de 2025, sin pasar por audiencias judiciales migratorias. La Casa Blanca justificó esta acción bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, alegando que el Tren de Aragua había invadido EE.UU. con ayuda del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, funcionarios de inteligencia estadounidenses descartaron esa teoría. Cuando ese informe salió a la luz, la administración Trump despidió a sus autores.

Para justificar las deportaciones, el gobierno se apoyó en publicaciones en redes sociales, conexiones con personas presuntamente vinculadas a la pandilla y tatuajes con símbolos como coronas, relojes o el logotipo de Michael Jordan. Pero expertos en pandillas de varios países afirmaron que esos tatuajes no prueban afiliación criminal.

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¿Qué está en juego?

Más allá de lo sucedido con los 238 venezolanos, esta acción marca un precedente preocupante. Expertos legales alertan que el uso del poder ejecutivo para encarcelar migrantes en terceros países, sin debido proceso, podría socavar principios constitucionales como el hábeas corpus.

«Esto es una violación flagrante del debido proceso», advirtió Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). A su juicio, incluso si una persona cometió un crimen, tiene derecho a un juicio justo y no a ser enviada a una prisión extranjera sin defensa legal.

Este caso ha generado alarma entre defensores de derechos humanos y familias inmigrantes en todo el país. Aunque se enfoca en venezolanos, sienta un precedente para otros grupos migrantes, incluyendo centroamericanos y caribeños.

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