El acoso judicial y la intimidación a periodistas persiste en Brasil, según la SIP

Punta Cana (República Dominicana), 19 oct (EFE).- En Brasil persiste “el preocupante panorama de acoso judicial” a los periodistas en tribunales de instancias inferiores, alertó este domingo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual.

La organización tildó además de “alarmante” la intimidación contra los profesionales de la información y los medios promovida, la mayoría de las veces, por “funcionarios y políticos”.

“También se registraron casos de acoso y violencia provenientes de civiles y del crimen organizado”, señaló el informe aprobado este domingo en la 81 Asamblea General de la SIP, celebrada en Punta Cana (República Dominicana).

La SIP destacó el caso de la periodista Rosane de Oliveira y el diario Zero Hora, condenados por haber informado sobre el salario de la jueza Iris Helena Medeiros Nogueira, expresidenta del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul, y otros magistrados, a pesar de tratarse de datos públicos, según la legislación brasileña.

Asimismo, denunció que la Justicia de Rondônia, estado de la Amazonía brasileña, ordenó retirar un reportaje titulado ‘Menos bosque, más pasto: el senador Jaime Bagattoli amenaza la Amazonía con dinero del mercado de capitales’.

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Bagattoli es militante del Partido Liberal (PL), formación que lidera el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado en la Corte Suprema a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Posteriormente, otro juez revocó esa decisión, que tachó de “censura”, y reivindicó “el interés público” de la información.

No obstante, la SIP recuerda que, a pesar de estas controvertidas resoluciones, los fallos judiciales relacionados con la libertad de prensa y de expresión en Brasil siguen, en general, “protegidas por las posiciones finales del Supremo”.

Por otro lado, la SIP recoge una importante decisión del Supremo, la más alta instancia judicial del país, en la que exigió a las grandes empresas tecnológicas una mayor responsabilidad en la moderación de contenido considerado ilegal.

En este contexto, determinó que las redes sociales pueden “ser responsabilizadas directamente por publicaciones ilegales, sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que sean notificadas por los interesados”, en una decisión que ha dividido a los especialistas.

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Los detractores sostienen que la medida genera “inseguridad jurídica, riesgo de censura” e invade competencias del Poder Legislativo.

Por el contrario, otros juristas defienden que, para la prensa, las ofensas a la honra siguen dependiendo de una orden judicial, lo que preserva la seguridad jurídica de los medios, de acuerdo con la SIP.

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