El fiscal general Jeff Jackson demanda para detener la derogación federal de la ley contra el lavado de dinero

El fiscal general Jeff Jackson y otros 20 fiscales generales presentaron una demanda para impedir que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debilite la Ley de Transparencia Corporativa, una ley bipartidista aprobada por el Congreso para combatir el lavado de dinero. Los narcotraficantes y otros delincuentes utilizan empresas fantasma para ocultar su dinero. Esta ley ayuda a las fuerzas del orden a descubrir quién está realmente detrás de ellos.

“Estos cambios permiten que quienes se esconden tras empresas ficticias trafican con drogas como el fentanilo y cometen delitos como el fraude fiscal queden impunes”, declaró el fiscal general Jeff Jackson. “Esta ley existe para que las fuerzas del orden puedan perseguir a estos delincuentes, y el gobierno federal está intentando debilitarla. No lo conseguirán, y nos veremos en los tribunales”.

Las empresas fantasma son negocios que existen solo en el papel, sin empleados reales ni actividad económica real. Los delincuentes las utilizan para blanquear dinero procedente del narcotráfico, la trata de personas, el fraude fiscal y otros delitos. La Ley de Transparencia Corporativa entró en vigor el 1 de enero de 2021, con apoyo bipartidista en el Congreso. Esta ley exige a las empresas que informen al Departamento del Tesoro sobre su verdadero propietario. Esto proporciona a las fuerzas del orden una pista para rastrear el origen ilícito del dinero.

En agosto, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro finalizó una norma que exime a todas las empresas estadounidenses de informar sobre sus propietarios. Las empresas extranjeras ya no tienen que informar sobre sus propietarios estadounidenses. En conjunto, esto exime a más del 99 % de las empresas que antes estaban sujetas a la ley. FinCEN también anunció que eliminaría los registros de propiedad ya archivados. Algunos de esos registros podrían contener pruebas de delitos sin resolver.

Los fiscales generales alegan que estos cambios son ilegales. El Congreso aprobó esta ley, y una agencia federal no puede derogarla mediante una modificación de la normativa. La ley también exige que FinCEN conserve estos registros durante al menos cinco años después del cierre de una empresa. La demanda argumenta además que los cambios violan la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece las normas que las agencias federales deben seguir al modificar sus reglamentos. La coalición solicita al tribunal que anule los cambios e impida de inmediato que FinCEN elimine los registros.

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El fiscal general Jackson ya había combatido el blanqueo de dinero procedente del fentanilo. En marzo, lideró una coalición bipartidista que logró que WeChat se comprometiera a ayudar a las fuerzas del orden a desarticular el blanqueo de dinero del fentanilo en su plataforma. Más tarde ese mismo mes, encabezó un grupo bipartidista de fiscales generales que instaron al gobierno federal a tomar medidas contra los narcotraficantes que utilizan aplicaciones de mensajería como WeChat y Weixin para transferir dinero.

El fiscal general Jackson está acompañado en la presentación de la demanda contra FinCEN y el Departamento del Tesoro por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Virginia, Washington y Wisconsin.

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