Marcharán para defender el Plan Leandro

Raleigh, 20 de febrero de 2024- El Plan de Remediación Integral Leandro volverá a la mesa de discusión y será escuchado, de nuevo, por la Corte Suprema de Carolina del Norte.

Con la intención de preparar a las madres, padres y comunidad en general acerca de “la deuda” que tiene el estado con el sistema educativo, un grupo de activistas transmitió un Facebook Live en español el pasado lunes 19, a las 7 p.m.

La estrategias ya están definidas y varios padres de familia y líderes defensores de los derechos de los niños a recibir una educación óptima, estarán presentes en esa sesión.

En esa transmisión en vivo se abordó el tema de la financiación de las escuelas públicas de Carolina del Norte y, como era natural, el caso Leandro.

El día 22 se hará un acto de defensa de la educación pública exigiendo al estado que atienda las necesidades de todos los niños, lo que contribuirá a cerrar la brecha de desigualdad persistente durante décadas.

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El director de Organización de la Alianza por la Justicia en la Educación, Fernando Martínez, dijo que “nuestros estudiantes necesitan mejores escuelas, programas de deportes, tutoría, maestros que nos representen y más”.

Y las discusiones están candentes en torno a la postergación de la ejecución del plan Leandro, la cual supera los 8 años.

El ambiente está aún más caldeado, desde el pasado viernes 22 de septiembre, cuando la Asamblea General aprobó un nuevo presupuesto estatal que triplica la financiación del programa de Becas de Oportunidad.

El caso del Plan de Remediación Integral Leandro, disputado en tribunales desde 1994 y que defiende la inmediata y urgente inversión en el sistema educativo de Carolina del Norte, está tomando matices distintos, pero las esperanzas de que sea aplicado tan pronto sea posible se diluyen entre la diatriba política.

En vista de la negativa de la Asamblea Estatal de priorizar las partidas presupuestarias para educación, una coalición que defiende los derechos a una educación de calidad de niños en Carolina del Norte se propuso presionar aún más para exigir la inmediata aplicación del Plan Leandro y sus voces llegaron a los tribunales con más fuerza.

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Varios jueces están estudiando la posibilidad de pasarle por encima a la Asamblea Estatal para garantizar que se inviertan $785 millones adicionales en artículos relacionados con la educación y que el dinero sea transferido fuera del tesoro estatal.

Representantes y senadores están en mora con la comunidad en torno a la ejecución del referido plan.

Ahora, no solo madres, padres y líderes comunitarios están librando una batalla. Los jueces están en plena disputa porque consideran que se está actuando con dolo e indiferencia, pero también con una impunidad inquietante.

La noticia de los últimos días respecto al Plan Leandro gira en torno a que la Corte Suprema de Carolina del Norte decidirá si los tribunales pueden pasar por alto a la Asamblea General y ordenar que el dinero sea transferido fuera del tesoro estatal.

Más jueces se están sumando a la causa, quienes han reconocido que la ejecución del Plan Leandro traería consigo, no solamente la elevación de la calidad educativa en el estado, sino también la disminución de las desigualdades que afectan especialmente a hijos de hispanos y de otras comunidades migrantes, niños menores de 5 años o con necesidades especiales, entre otros grupos.

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“La crisis educativa se ha venido profundizando en los últimos años, especialmente durante la pandemia, al punto de que no hay maestros ni asistentes”, indicó Janice Ramírez, directora de la escuela de inmersión al español ISLA NC y líder de la coalición liderada por Every Child NC. “La educación de nuestros hijos va en picada”, agregó.

Desde 1994

El caso de financiación de la escuela Leandro data de 1994 y está en la última etapa. Regresó el miércoles pasado al tribunal supremo del estado para los argumentos orales.

“El poder judicial puede ordenar al estado que implemente y financie dinero para un amplio plan de remediación integral de ocho años y 146 puntos, pero eliminaría la toma de decisiones sobre la educación de las personas y dictaría la política educativa y el gasto para el estado por una década”, dijo el abogado Matthew Tilley, que representa a los líderes legislativos republicanos.

“Este es un derecho único: el derecho a la oportunidad de una educación básica sólida”, respondió Dubis. “Como rama co-igual del estado, la corte tiene el deber de proteger y mantener ese derecho”.

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“La legislatura no está por encima de la ley”, agregó Dubis. “La legislatura no puede cumplir con sus deberes constitucionales de manera inconstitucional, que es lo que ha hecho durante los últimos 20 años”.

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