Nueva ley de agua limpia en EEUU retirará protección federal de muchos humedales y arroyos

Washington, 17 nov (EFE).- La revisión de la ley de agua limpia presentada este lunes por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE.UU. redefine el alcance de la protección federal para arroyos o humedales, muchos de los cuales quedarán fuera de la lista de acuíferos protegidos, lo que ha deparado la protesta de grupos medioambientales.

La nueva normativa propuesta hoy (elaborada para acomodar el pronunciamiento de 2023 sobre la ley del Tribunal Supremo, según la EPA) restringe la jurisdicción federal a aquellas aguas con una “conexión superficial continua” con aguas clasificadas como navegables.

Esto implica que humedales y arroyos deben tener contacto directo con una vía navegable y retener agua superficial durante un período determinado cada año para entrar en la clasificación de aguas protegidas por el Gobierno Federal, por lo que muchos de estos cuerpos aislados y estacionales que previamente entraban en esta categoría quedan ahora fuera.

Arroyos efímeros, sistemas de tratamiento de residuos o aguas subterráneas dejarán pues de estar categorizados como aguas “aguas de los Estados Unidos”.

Grupos ecologistas como la Natural Wildlife Foundation (NWF) han protestado la revisión de la ley, argumentando que la propuesta de la EPA “reduce las protecciones para los arroyos y los humedales frente la contaminación y la destrucción, más que en cualquier momento desde la aprobación de la ley (de agua limpia) en 1972”.

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NWF explica en un comunicado publicado hoy que la propuesta “va más allá del dictamen de la Corte Suprema de 2023, que restringió qué cuerpos de agua pueden recibir protecciones federales bajo la ley”.

“Esta norma elimina las protecciones para los arroyos que desembocan en los ríos y lagos y que suministran el agua que bebemos. Los humedales que filtran nuestra agua y nos protegen de las inundaciones corren el riesgo de ser arrasados”, indica en el texto el director sénior de defensa legal de NWF, Jim Murphy.

Murphy asegura que el cambio legal “afectará la economía de las familias, aumentando los costos del tratamiento del agua y los seguros de las viviendas” y que elevará “el riesgo de niveles elevados de nitratos y cianotoxinas en el agua potable”, por lo que “la crisis que enfrenta la vida silvestre acuática se profundizará y será más difícil encontrar lugares para pescar, navegar y nadar”.

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