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Panamá contrarresta el crimen organizado que saca provecho de la migración irregular

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Los rigores del Darién, un parque nacional panameño de 575.000 hectáreas, no detienen a los migrantes. Al menos 37 han muerto allí este año, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aunque el subregistro es enorme como ha admitido el organismo. Fotografía de archivo. EFE/MARCELINO ROSARIO

Ciudad de Panamá, 30 sep (EFE).- Las autoridades de Panamá han establecido un férreo “bloqueo marítimo” en el pueblo de Puerto Obaldía (Caribe), el principal paso fronterizo con Colombia, para contrarrestar el crimen organizado que “está detrás” y saca provecho de la migración irregular, dijo este sábado una fuente oficial.

La incautación de más de seis toneladas de drogas y de más de 24 lanchas, la mitad de ellas confiscadas a “coyotes” que las usaban para llevar migrantes irregulares que buscan ir a Norteamérica evadiendo la peligrosa selva del Darién, son parte de las acciones derivadas de este control marítimo en el Caribe panameño.

“En una semana y media se han decomisado más de 6 toneladas (de drogas) en el Caribe, hemos también detectado lanchas que nos traen pastillas, pastillas que tienen que ver con una (llamada) droga de sueño que aquí en Panamá muy poco existe”, detalló el ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, en un recorrido por el poblado de Puerto Obaldía en la comarca Guna Yala.

Las embarcaciones, además de su vinculación con el narcotráfico, están relacionadas también con el contrabando y otros delitos.

El titular del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg) valoró que este bloqueo marítimo ha sido “eficiente” desde que se lanzó la llamada Campaña Escudo en el oriente del país hace casi 6 meses, para contrarrestar al crimen organizado que se vale de los migrantes.

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Pino indicó que esto es parte de los esfuerzos entre el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, “buscando, bajar la intensidad de esta inmigración y principalmente luchando contra el crimen organizado que anda detrás de esa inmigración que viene del Golfo Urabá” (en Colombia). ¿Qué nos viene (además) del Golfo de Urabá?: contrabando, narcotráfico”.

“Entonces estamos haciendo todos estos esfuerzos para contrarrestar este crimen organizado que anda detrás de la migración aprovechándose de este factor humano”, remarcó.

El jefe policial reiteró que por ello el “bloqueo ha funcionado” y que esto se puede medir porque “la cantidad de personas que han ingresado a través de la ruta marítima ha bajado entre los meses de agosto y este mes de septiembre especialmente”.

“Porque realmente nosotros sabemos que no es una ruta, Darién es una jungla”, afirmó Pino.

En lo que va del año, según cifras divulgadas por el Minseg el jueves pasado, han pasado 402.030 migrantes irregulares por la selva de Darién, de ellos 254.670 venezolanos, 47.826 ecuatorianos y 38.185 haitianos.

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Es un récord histórico que deja atrás los 248.000 migrantes registrados en 2022 y los 133.000 de 2021, y que se vislumbraba entre los escenarios más críticos de este fenómeno de migración masiva y visible que comenzó en 2015 con el tránsito de miles de cubanos hacia Estados Unidos.

Ante esta oleada, las autoridades de Panamá ya han dicho que podría llegar a medio millón el número de personas que crucen la selva este año.

Alrededor del 25 % del flujo migratorio este 2023 lo constituyen menores de edad, según los datos oficiales. Hay familias enteras en movilidad.

Los rigores del Darién, un parque nacional panameño de 575.000 hectáreas, no detienen a los migrantes. Al menos 37 han muerto allí este año, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aunque el subregistro es enorme como ha admitido el organismo.

A las muertes se suman los robos, asaltos y violaciones que sufren estos viajeros.

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Panamá es el único país de América que toma los datos biométricos a los migrantes en unas estaciones situadas en sus fronteras del Darién, en el sur y límite con Colombia, y de Chiriquí, en el norte y fronteriza con Costa Rica, en las que además ofrece asistencia sanitaria y de alimentación, un operativo en el que ha invertido más de 70 millones de dólares según las cifras oficiales.

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