Primer ministro de Perú dice que existe «una campaña soterrada» para destituir a Boluarte

Lima, 21 nov (EFE).- El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, denunció este jueves que en su país existe «una campaña soterrada» para buscar la destitución de la presidenta Dina Boluarte, a partir de una «judicialización de la política».

«Esta es la historia que están tejiendo, y eso es lo que yo tengo que denunciar», declaró Adrianzén en una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El primer ministro vinculó esta presunta campaña con la decisión de la Justicia de ordenar esta semana 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, uno de los hermanos de la gobernante que es investigado por presuntamente integrar una red criminal y cuyo paradero se desconoce actualmente.

Adrianzén dijo, al respecto, que la presidenta está «consternada» por la orden judicial contra su hermano, pero «se mantiene incólume al frente de sus obligaciones».

Agregó que ha conversado con la gobernante «para expresarle su solidaridad «y conocer cuál era su sentir», tras lo cual aseguró que ni la mandataria ni él saben «absolutamente nada sobre el paradero del señor Boluarte».

Anuncio

Poco antes, ratificó su posición de que las decisiones judiciales en su país tienen «un estándar de libertad muy bajo» y que le preocupa que en este proceso «se está tejiendo una historia perversa, según la cual existiría una organización que seguramente en breve van a decir que la cabecilla es la presidenta».

Según Adrianzén, esta campaña busca que la gobernante sea acusada de una presunta «incapacidad moral» para que luego el Congreso pueda destituirla.

«Esta es la historia que están tejiendo, y eso es lo que yo tengo que denunciar», enfatizó antes de ratificar que «la señora presidenta no tiene nada que ver absolutamente con esa causa».

El jefe de gabinete agregó que «en cualquier otra parte» del mundo «se podría decir que es una pretensión de derrocar al gobierno de manera inconstitucional».

Al explicar su posición, dijo que existe una «actitud política desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial» y que «un fiscal no puede ser un actor de cinema, un rockstar», ni intentar ser «figuras mediáticas que pretenden convertirse en la noticia».

Anuncio

«Frente a un escenario de esta naturaleza tenemos que reconocer que hay un problema de judicialización de la política y de politización de la justicia», acotó.

Sostuvo que la «afiebrada tesis» que pretende vincular a la gobernante en la investigación contra su hermano tiene su origen en «quienes se han visto afectados por la decisiones del gobierno».

Mencionó entre estos a las organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal, los promotores permanentes de la vacancia (destitución), las personas que aún piden la libertad del expresidente Pedro Castillo, al que calificó de «golpista y corrupto», y «los que han venido sosteniendo la equivocada tesis que se vayan todos».

«Esos son, en mi opinión, los que están detrás de estos intentos de vacancia», remarcó.

Este martes, el juez Richard Concepcióón Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigacióón Preparatoria, dictó 36 meses de prisión preventiva para el hermano de la presidenta, quien es investigado por presuntamente liderar una red criminal que buscaba «perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal».

Anuncio

El magistrado tomó esta decisión en el caso denominado ‘Los Waykis (amigos) en la sombra’, abierto por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

En esta investigación también se ha comprendido a Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria, y a otras personas por presuntamente haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en el país, los representantes de confianza del Ejecutivo en las regiones peruanas, para lograr apoyo para la conformación de un partido político.

Share on Facebook

Tweet