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Sin cargos, sin juicio y ¿sin salida? de Guantánamo

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Fotografía de archivo del 4 de mayo de 2005 que muestra al entonces ministro del Interior pakistaní, Aftab Ahmed Khan, mientras enseña la fotografía del sospechoso de pertenecer al grupo terrorista islamista Al-Qaeda Abu Faraj Al-Libbi. EFE/ T.mughal

Washington, 20 ago (EFE).- «Esta sesión es para decidir si Mohamed Rahim sigue bajo custodia de EE.UU., no sobre la legalidad de su detención», dice una voz masculina, mientras que el último preso enviado a Guantánamo escucha hierático dieciséis años después de su arresto en Pakistán, sin haber recibido cargos ni haber sido juzgado.

La parte no clasificada de esta comparecencia de la Junta de Revisión Periódica (PRB, en inglés) de los casos de los reos de Guantánamo es seguida desde una pequeña sala de un edificio del Pentágono en Arlington, en las afueras de Washington, por periodistas y observadores, que suman un reducido grupo de cinco personas.

En la habitación, donde no se pueden meter teléfonos móviles, hay una mesa con sillas, un televisor con pantalla plana y una cámara que enfoca a los asistentes.

Cuando el monitor se enciende se ve una pared con escudos de las ramas de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y, al poco, aparece Rahim, con barba roja y atuendo afgano, su abogado, un representante personal y un traductor.

Rahim, quien, según EE.UU. fue mensajero, traductor y ayudante del fallecido líder de Al Qaeda Osama bin Laden, es uno de los tres presos que quedan en Guantánamo (Cuba) que no han sido ni imputados ni enjuiciados y para los que las autoridades de EE.UU. no han recomendado la libertad.

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Desde 2002, unas 780 personas han pasado por esta prisión militar, donde actualmente quedan 30: 11 acusados de crímenes de guerra ante comisiones castrenses, 16 con recomendaciones de ser transferidos a otros países y los tres que están en el limbo, el afgano Rahim, el libio Abu Farach al Libi y el palestino Hani Abu Zubeida.

Cada cierto tiempo a estos últimos se les somete por separado a una audiencia de la PRB, aunque la última vez que se celebró una fue en 2022. La junta decide si recomendar o no su liberación dependiendo de si los sigue considerando una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.

La sesión de Rahim tiene apariencia de procedimiento judicial, aunque en realidad la junta que decide está integrada por seis representantes del Departamento de Estado, Defensa y Seguridad Nacional; del Estado Mayor; y de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional.

Durante la comparecencia solo se ve a Rahim y a sus acompañantes sentados ante una mesa en Guantánamo, mientras que los miembros de la PRB se encuentran en una localización secreta en Arlington, sus caras no se enseñan y tan solo se oyen algunas de sus voces.

El abogado de Rahim, James Connell, que es contratista del Departamento de Defensa, hace un alegato inicial traducido por el intérprete al afgano.

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En su exposición, Connell afirma que su representado ha estado muy implicado en la preparación de esta audiencia, menciona el vínculo que se ha forjado entre ambos, que incluso «se hacen bromas», y añade que Rahim es un excelente cocinero.

Vista desde fuera la situación resulta un tanto chocante: no se aportan pruebas, por lo menos en esta parte no clasificada, y todo tiene apariencia de proceso judicial sin llegar a serlo.

Más tarde, Connell explica a EFE en una conversación telefónica que «esta audiencia se centra realmente en cómo el detenido ha cambiado», por ello «no existe un gran papel de los abogados», ya que no se trata de decidir si son culpables o inocentes, sino si son una amenaza para el país.

Por ello, precisa, lo que se busca es determinar «cómo ha cambiado su personalidad y orientación hacia EE.UU. durante su detención».

El abogado Richard Kammen, quien en el pasado ha defendido a presos del centro y es autor del libro «Tortured Justice Guantanamo Bay», indica irónico a EFE que estas sesiones «son un proceso judicial en el sentido de que cualquier cosa en Guantánamo es un proceso judicial».

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«Está supervisado por las Fuerzas Armadas, es muy político, no es un proceso judicial en el sentido de ser ante un tribunal real», apunta.

El letrado suelta una carcajada cuando se le pregunta sobre los factores que se toman en cuenta a la hora de aconsejar la liberación de un preso a través de este proceso de la PRB: «Me río porque la respuesta real es ‘política’, aunque en teoría se fijan en el comportamiento de los detenidos en Guantánamo».

Normalmente los reos no solicitan este proceso ante la PRB. Como puntualiza el profesor de Derecho de la Escuela Seton Hall Mark Denbeaux, los detenidos «no tiene voz sobre esto, no tienen voz sobre nada».

Denbeaux, quien ha elaborado informes sobre Guantánamo, dice a EFE que «no hay ningún proceso legal ahí, es simplemente el ejército intentando fingir que están liberando a gente bajo un proceso, aunque luego no lo haga».

En el caso de Rahim hay un abogado, dado que Connell se presentó voluntario para asumir ese papel, pero en la otra audiencia de esta semana, la de Abu Farach al Libi, ni si quiera hubo un letrado, sino un «representante personal» que es un soldado de EE.UU.

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La parte no clasificada de la sesión de Al Libi, que de acuerdo a EE.UU. fue dirigente de Al Qaeda próximo a Bin Laden y al que fuera su lugarteniente y más tarde sucesor, Ayman al Zawahiri, dura tres minutos y 42 segundos y el preso ni siquiera acude.

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