Un año después de la desaparición de una dirigente mapuche en Chile se desconocen los móviles

Santiago de Chile, 7 nov (EFE).- Un año después de la desaparición de la activista mapuche Julia Chuñil se desconocen las causas del hecho y no hay noticias de su paradero, en medio de un caso que conmovió a Chile, activó el Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores medioambientales y en el que la Fiscalía investiga tanto a un empresario de la zona y como a la propia familia.

Chuñil, de 73 años, fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024, en un predio de la localidad de Máfil, unos 800 kilómetros al sur de la capital, en circunstancias sospechosas y tras recibir múltiples amenazas, según su familia.

La falta de información sobre su desaparición y los lentos avances en la justicia han llamado la atención pública e incluso de instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han reclamado con urgencia al Estado chileno encontrar a la activista.

La defensa de la familia, a través de medios locales, ha denunciado varias veces que las indagatorias realizadas hasta ahora han sido opacas y, a la fecha, siguen abiertos los principales interrogantes, sin avances concretos.

Acusaciones contra la Fiscalía

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Este jueves, varias organizaciones mapuche, ambientales y de derechos humanos se manifestaron frente a La Moneda (palacio de gobierno) para entregarle una carta al presidente, Gabriel Boric, y exigirle que aparte de su cargo al fiscal nacional por “negligencias” en la investigación del caso.

“La fiscalía no ha logrado establecer la verdad y ha sido incapaz de llegar a la etapa preparatoria de un juicio. La remoción del Fiscal Nacional seria un gesto digno que marcaría un final diferente de su mandato (que finaliza en marzo)”, señala la carta de las agrupaciones, que también reclaman poner en marcha “mecanismos que impidan la consagración de la impunidad”.

El Gobierno ha llamado en varias ocasiones a intensificar las diligencias para “conocer la verdad” y “no dejar espacio a la impunidad”, pero los activistas, un año después, exigen respuestas.

A mediados de octubre, la Fiscalía confirmó que “hay distintas hipótesis que se están investigando”, y si bien no entregó detalles por el carácter reservado de las diligencias, sí señaló que algunas líneas de trabajo apuntan a la participación de terceros.

La familia señala como principal sospechoso al empresario Juan Carlos Morstadt, propietario del predio donde desapareció la mujer y en el cual se filtró la transcripción de una interceptación telefónica en la que se atribuía a dos personas distintas la frase “la quemaron”.

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Por otro lado, la prensa local reveló -en distintos reportajes- que la otra hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a la familia de Chuñil, en particular a dos de sus hijos.

“Este Ministerio Público no ha investigado corrupción, no ha investigado tráfico de influencias, no ha investigado ni detenido al empresario”, criticó en una rueda de prensa Janela García, de la Red de Mujeres Mapuche.

La familia, que no ha dejado de buscarla, ha sostenido desde el inicio que a Chuñil “la sacaron del campo”, sin dejar rastro y que detrás de su desaparición hay razones económicas y políticas.

En 2023, se registraron en Chile amenazas contra veinte defensores ambientales, de los cuales el 65 % es contra mujeres, según la Fundación Escazú Ahora. Chuñil es la primera ecologista desaparecida desde que en 2022 Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, pionero en el mundo en buscar la protección de activistas medioambientales.

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