Un juez del Supremo brasileño suspende el juicio sobre derechos indígenas para «reflexionar»

Brasilia, 7 jun (EFE).- Uno de los jueces de la Corte Suprema de Brasil dejó en suspenso este miércoles un juicio sobre los «derechos ancestrales» de los pueblos originarios a la tierra, debido a la necesidad de «una mayor reflexión» sobre un asunto «muy complejo».

El magistrado André Mendonça pidió a la Presidencia del tribunal un plazo mayor, que será fijado posteriormente, para analizar una «temática muy compleja y relevante por sus cuestiones históricas y jurídicas».

Mendonça solicitó ese tiempo una vez que el magistrado Alexandre de Moraes planteó al tribunal una «camino intermedio» al rechazo absoluto al llamado «marco temporal», que reconoce como tierras indígenas sólo las que los pueblos originarios ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución.

Con un voto en contra y otro a favor de esa tesis, Moraes dijo que el tribunal, como corte constitucional, no puede aceptar ese «marco temporal», pero tampoco «ignorar» los derechos de muchos colonos que se asentaron «de buena fe» en tierras reclamadas por indígenas y alentados en el pasado por el propio Estado.

Aunque Moraes votó contra el «marco temporal», sostuvo que la Justicia «tampoco puede cerrar los ojos frente a colonos que desde hace más de 100 años trabajan sus tierras, amparados por el poder público y hoy ya están en tercera o cuarta generación».

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El magistrado propuso diversas alternativas para superar esas cuestiones.

Entre ellas, indemnizaciones para hacendados que puedan ser eventualmente retirados de tierras que ocupan o la posibilidad de que los indígenas acepten del Estado, según cada caso, otras áreas equivalentes en superficie a aquellas que reclaman.

De Moraes subrayó que, en ningún caso, podrían plantearse esas indemnizaciones para colonos que se hayan instalado por la fuerza en tierras que eran de los indígenas.

En el juicio está en juego el destino de cientos de territorios reclamados por los pueblos originarios, que en los últimos días se han movilizado en casi todo el país en defensa de lo que consideran sus «derechos ancestrales».

De hecho, estuvieron en el pleno de la corte, siguiendo la sesión, unos 50 representantes de diversas etnias, acompañados por Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, cartera creada el pasado 1 de enero por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

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El caso llegó al Supremo desde tribunales inferiores y a través de una demanda intentada por el Estado contra un fallo de un juzgado de segunda instancia que reconoció como propietario de unas tierras a un organismo público del sureño estado de Santa Catarina.

Esas áreas fueron ocupadas durante siglos por las etnias Xokleng, Guaraní y Kaingang, desalojadas a la fuerza a mediados del siglo pasado, y acabaron en manos de la Fundación para el Amparo Tecnológico de Santa Catarina, favorecida por la sentencia que ahora discute el Supremo.

Ese fallo, apoyado en el concepto del «marco temporal», sostuvo que en octubre de 1988 esas tierras estaban en poder de ese organismo de Santa Catarina y desconoció que, a partir de 1996, los indígenas habían retomado algunos de esos asentamientos.

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