15 años de violación masiva y sistemática de los derechos humanos en el Ministerio Penitenciario de Venezuela

A 15 años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario persiste la violencia en las cárceles y 95% de las muertes son por falta de atención médica, de acuerdo con la documentación del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Además, los seis ministros que han pasado por esta institución no han transformado el sistema penitenciario venezolano, ya que lejos de garantizar que se cumplan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, el balance de este período evidencia la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en las cárceles del país.

Desde julio de 2011 los ministros Iris Varela (2011–2017 y 2018-2020), Mirelys Contreras (2017–2018 y 2020-2023), Celsa Bautista (2023–2024) y Julio García Zerpa (2024–presente) han carecido de una formación de gerencia, experticia, conocimientos y garantías de los estándares internacionales de protección de la población reclusa.

A pesar de las variaciones en la titularidad del organismo, la política penitenciaria por más de una década se ha basado en la implementación sucesiva de programas como el Plan Cayapa Judicial (2012) y los posteriores Planes de Abordaje Judicial y Atención Integral (2018–2023) que se anunciaron como mecanismos para combatir el retardo procesal y el hacinamiento.

De igual forma, instancias operativas como la Comisión Especial para la Revolución Judicial (2021–2022), el Plan de Defensa y Justicia Penitenciaria (2024–2026) y el reciente Plan por la Transformación Integral del Sistema de Justicia, impulsado en 2026, han reiterado fórmulas de abordaje que demuestran su ineficacia para garantizar la descongestión de los recintos penitenciarios y el riesgo derivado del hacinamiento.

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La crisis del sistema carcelario responde a una responsabilidad compartida. Además del Ministerio para el Servicio Penitenciario, otros organismos como el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no han resuelto los problemas de fondo y, al contrario, los maquillan, lo cual perpetúa el retardo procesal, el hacinamiento, la impunidad y la vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

El OVP denuncia que las deficiencias de infraestructura, el retardo procesal penal, el deterioro del derecho a la salud y a la alimentación, además de las torturas, tratos crueles e inhumanos tanto a las personas privadas de libertad como a sus familiares, evidencian el fracaso del Estado en materia penitenciaria al olvidar su misión de velar por la integridad física y psicológica de las personas bajo su custodia.

Además, este ministerio se ha caracterizado por intervenciones y cierres de centros de reclusión que no han significado una transformación del sistema. Por el contrario, han contribuido a profundizar sus condiciones críticas y a ser cómplices en la fuga de pranes

El cierre del Internado Judicial de Aragua (Tocorón), el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito), el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala), el Internado Judicial de Monagas (La Pica), Internado Judicial de Bolívar (Vista Hermosa), el Internado Judicial de Trujillo, el Internado Judicial de San Felipe (La Cuarta), Internado Judicial de Apure, el Centro Penitenciario de Oriente (El Dorado) y el Centro de Formación Hombre Nuevo El Precursor (Bolívar) contribuyeron con traslados masivos los cuales agravaron el hacinamiento en los penales de acogida, obstaculizaron el derecho a la defensa y las visitas familiares debido a las distancias.

Sin investigaciones 

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Por otra parte, el OVP señala que la infraestructura y los recursos de la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario son para la comodidad del personal, en lugar de brindar respuestas efectivas para los ciudadanos bajo su custodia. Mientras las instalaciones del despacho central cuentan con condiciones operativas óptimas, las cárceles venezolanas siguen bajo un deterioro crítico que impide asegurar el derecho a la salud, a la alimentación adecuada, el trato digno a la población reclusa, entre otros.

Esta inacción gubernamental también se evidencia en la rendición de cuentas, pues las autoridades penitenciarias han omitido avanzar en las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones y muertes ocurridas en la masacre de la cárcel de Yare III o el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas mientras se encontraba bajo la custodia del Estado.

Ante este panorama de desprotección, el OVP hace un llamado a la voluntad política no solo del Ministerio para el Servicio Penitenciario, sino también de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y del Ministerio Público para que ejerzan sus competencias e investiguen la negligencia e inacción de las autoridades penitenciarias, en el cumplimiento de sus deberes de custodia, y los responsables sean puestos a la orden de la justicia.

Asimismo, también exigimos que se publique el presupuesto asignado por la Asamblea Nacional y ejecutado durante sus 15 años de funcionamiento, y cumplan con las Reglas Mandela, garantizando el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

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