Exponen la peligrosidad de la HB10

Durham, N.C., 3 de diciembre de 2024- Durante la última sesión del Consejo Asesor del Gobernador Roy Cooper, realizada el pasado 3 de diciembre en Durham, las defensoras de derechos de personas inmigrantes de Carolina del Norte, Stefanía Arteaga (Carolina Migrant Network) e Iliana Santilán (El Pueblo), expusieron los aspectos de la ley HB10 que los líderes comunitarios y autoridades de agencias estatales deben saber.

Entró en vigencia el 1 de diciembre y fue titulada “Requerir la cooperación del ICE y ajustes presupuestarios”.

Iliana Santillán recordó que fue presentada por el legislador republicano Destin Hall el 25 de enero de 2023 y que luego hubo intensos debates que no llegaban a acuerdos acerca de cómo estaba escrita.

El 11 septiembre, y en un año electoral, se pusieron de acuerdo para que llegara al escritorio del gobernador Cooper.

Entre el 19 y 20 de noviembre, anularon el veto del gobernador Cooper y, a pesar de esta postura de la máxima autoridad del estado, se convirtió en ley.

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Por su parte, Stefanía Arteaga precisó que las mayores preocupaciones de las comunidades inmigrantes en torno a a HB10 son las siguientes:

• Pérdida financiera.

• Impacto en la seguridad de la comunidad.

• Estándares de detención y responsabilidad.

Explicó que la ley forza a personas que ocupan ciertos cargos (alguaciles y administradores de cárceles, entre otros) a preguntar el estatus migratorio de las personas que tienen detenidas.

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“Lo que estamos viendo con esta ley es que cuando una persona está en la cárcel, porque haya cometido una felonía o infracción de tránsito, existe una presunción de que es culpable y, por tanto, deben hacerse procedimientos legales para determinar su culpabilidad. Se cambió el código de ley criminal con esta ley”, dijo.

“También estamos viendo cómo se está forzando a estas autoridades a honrar lo que se llama ‘ICE detainers‘, que son unos documentos firmados por agentes de Inmigración que piden a las cárceles locales que detengan a una personas por 48 horas. Esto implica un cambio del rol del alguacil, del administrador de las cárceles, y de los magistrados”, añadió.

Vaticinó que habrá cambios preocupantes en el contexto criminal y en el ámbito de los magistrados, por lo cual la magnitud del impacto de esta ley es muy complejo de entender.

“Los alguaciles son los administradores de las 98 cárceles que hay en Carolina del Norte y el rol de ellos debe cambiar, a partir de la implementación de esta ley. Los magistrados son las personas facultadas para dar fianzas. Esos son los dos cuerpos gubernamentales que están sometidos a cambios con esta ley”.

A juicio de Arteaga, el cambio más significativo que se verá con la ejecución de esta ley es que los alguaciles, además de mantener detenida a la persona por 48 horas adicionales y notificar a ICE sobre su estatus migratorio, deberán llevarla frente a un magistrado con un documento de notificación a ICE (ICE hold) y ese magistrado deberá emitir una orden estatal de detención.

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Un ICE hold es una retención de ICE y se refiere a una solicitud por escrito del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) a una cárcel local u otra agencia de aplicación de la ley que ha tomado a una persona bajo custodia después de un arresto legal. En la solicitud se pide que la cárcel o el organismo retenga a la persona durante 48 horas más después de la fecha prevista para su puesta en libertad.

“Esta es la parte más confusa porque estamos viendo el cambio del rol de agentes estatales a tratar de ver cómo se va a ejercer una ley federal vinculado con Inmigración”, explicó Stefanía.

El otro miedo que se cierne sobre las familias y organizaciones proinmigrantes es que los magistrados de Carolina del Norte no tienen que ser abogados.

“Pueden ser personas que no tienen la capacitación necesaria para entender qué es un ICE hold”, dijo la líder.

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Complejo y difícil

Iliana Santillán invitó a los miembros del consejo a hacer su mejor esfuerzo para estar informados sobre el impacto de la ley HB10 y empoderar a las familias que sirven con esa información.

“Lo mejor que podemos hacer es entender e informar a la gente sobre los impactos negativos de esta ley”, dijo.

“Veremos a personas que no querrán manejar, ni ir al trabajo, con justa razón. Tienen miedo porque todo indica que se aplicará la ley según el perfil racial. Es una ley de alto riesgo. Nosotros, como líderes comunitarios, estamos tratando de entender cómo funcionarán los sistemas ahora en las oficinas de los alguaciles y con los magistrados. Es más complejo y más difícil de entender por la población que será directamente impactada, que probablemente tendrá barreras lingüísticas que las mantendrán en desconocimiento, desconfianza e incertidumbre, y que requiere comprender lo que ocurrirá para poder protegerse”, agregó.

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