La nueva política de carga pública creará miedo, confusión y obstáculos para las familias inmigrantes

El Centro de Justicia de Carolina del Norte condena la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. de revocar la guía clara y específica de 2022 sobre la carga pública y reemplazarla con una amplia e indefinida concesión de “discreción” que permite a los oficiales de inmigración tomar decisiones sobre la “carga pública” por su cuenta. Esta nueva política generará temor, confusión y caos para las familias inmigrantes que intentan cumplir con la ley. En lugar de fortalecer nuestro sistema de inmigración, cerrará las puertas a las familias que buscan vías legales para obtener la residencia permanente. 

La “carga pública” es una política estadounidense de larga data que prohíbe a quienes dependen económicamente del gobierno obtener la residencia permanente. Anteriormente, el gobierno federal establecía criterios claros y definidos sobre qué programas de beneficios se considerarían negativos según esta norma, lo que permitía a las familias tomar decisiones informadas sobre a qué programas podían acceder ellas o sus hijos elegibles sin poner en riesgo su camino hacia la residencia. 

Con la nueva política, los funcionarios de inmigración ahora tienen amplia discreción para determinar si una persona constituye una carga pública. Al sustituir criterios claros por decisiones subjetivas, la política aumenta el riesgo de resultados arbitrarios y discriminatorios, y deja a las familias con incertidumbre sobre cómo se aplicarán las normas.

Esa amplia discreción se extiende a la forma en que los funcionarios de inmigración evalúan la situación financiera de una familia. Si bien el DHS afirma que no considerará directamente los beneficios recibidos por los miembros de la familia, permite que dichos beneficios se tengan en cuenta como prueba de la situación económica familiar.  

El resultado será un efecto disuasorio que desalentará  a los familiares elegibles —incluidos los niños ciudadanos estadounidenses— a acceder a programas esenciales de salud y nutrición por temor. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admite en la propia política que esto “puede afectar negativamente las oportunidades de salud y educación para los niños, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses”.

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Si el DHS reconoce que esta política perjudicará a los niños, no debería haberla adoptado. 

Ya hemos visto el efecto disuasorio de las políticas anteriores sobre la carga pública. Una encuesta realizada en Carolina del Norte en 2021 reveló que el 27,9 % de los encuestados de familias inmigrantes con estatus migratorio mixto evitaron Medicaid u otros seguros médicos, y el 35 % evitaron el programa SNAP, la asistencia para vivienda o el cuidado infantil, por temor a que afectara el estatus migratorio de un miembro de la familia. 

En un momento en que las familias tienen dificultades para costear alimentos, vivienda y atención médica, muchos habitantes de Carolina del Norte reciben apoyo complementario a través de programas como Medicaid, SNAP, el programa de almuerzos escolares, Head Start y WIC para satisfacer sus necesidades básicas y mantener a sus hijos sanos.  

El hecho de necesitar estos programas no hace que una persona sea menos merecedora de construir un futuro en este país. Rechazamos esa premisa de plano. 

Más bien, son apoyos esenciales de los que dependen millones de habitantes de Carolina del Norte a diario: 

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“En el pasado, el gobierno federal reconoció que el uso de la mayoría de los programas complementarios que mantienen a las familias sanas y fuertes no era un indicador de que esas familias no estuvieran contribuyendo a nuestro estado y a su economía”, dijo Kate Woomer-Deters, abogada sénior del Centro de Justicia de Carolina del Norte.  

“Al eliminar esas normas, las familias ahora desconocen si algún miembro de su hogar, incluidos sus hijos ciudadanos estadounidenses, puede acceder a algún tipo de programa sin poner en peligro la solicitud de residencia permanente de un familiar.” 

Esta política no se aplica a todos. Los refugiados, solicitantes de asilo, solicitantes de visas U y T (víctimas de delitos y trata de personas), víctimas de violencia doméstica, menores inmigrantes especiales y quienes ya poseen la tarjeta de residencia permanente no están sujetos a la prueba de carga pública. Las personas con mayor probabilidad de verse afectadas son ciertos inmigrantes que buscan la residencia permanente legal a través de programas basados ​​en lazos familiares.  

El gobierno federal también ha dicho que publicará más directrices antes de septiembre de 2026, que podrían contener más detalles sobre cómo evaluará el gobierno las solicitudes de la tarjeta de residencia permanente. 

Esta política federal perjudicial representa un paso más hacia un sistema de inmigración basado en el miedo y la discriminación, en lugar de la equidad y la transparencia. El Centro de Justicia de Carolina del Norte continuará colaborando con socios de confianza para brindar información precisa, conectar a las familias con recursos confiables y apoyar a las comunidades inmigrantes a medida que se publiquen nuevas directrices federales en las próximas semanas.