INMIGRACIÓN

Migrantes sin libertad bajo fianza

Una nueva directriz del gobierno de Trump elimina el derecho a fianza para personas en proceso migratorio, afectando a miles de familias latinoamericanas

Publicado

hace 3 semanas

julio 18, 2025

Por

Sala de Redacción

Fuente: AFP

Washington, D.C., 16 de julio de 2025- Una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump podría dejar a miles de personas inmigrantes detenidas indefinidamente, sin posibilidad de solicitar libertad bajo fianza mientras sus casos de deportación son procesados.

La medida fue revelada por el diario The Washington Post, que accedió a un memorando fechado el 8 de julio y firmado por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons.

Según el documento, ICE prohibirá en la mayoría de los casos que migrantes indocumentados soliciten una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. En consecuencia, las personas que llegaron a EE.UU. sin visa —incluso aquellas que llevan años en el país huyendo de violencia o pobreza extrema— deberán permanecer bajo custodia federal durante todo su proceso migratorio, que puede extenderse por meses o incluso años.

Aunque no es la primera vez que se endurece el acceso a fianzas en materia migratoria, esta nueva directriz representa un endurecimiento significativo de la política de detención.

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Desde hace décadas, los migrantes en situación irregular podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez. Si se demostraba que no representaban peligro ni riesgo de fuga, podían esperar sus audiencias migratorias en libertad.

Sin embargo, la nueva política revierte esa práctica histórica. ICE podrá mantener detenidas a personas incluso si tienen vínculos familiares en EE.UU., trabajan, no tienen antecedentes penales o han solicitado asilo por motivos válidos. Solo se permitirán excepciones en casos “muy limitados”, según ICE, aunque el memorando no detalla cuáles serían esas excepciones.

Mantener detenidas a miles de personas no solo tiene un alto costo humano, sino también económico. ICE estima que el costo diario por persona detenida ronda los 150 dólares diarios, por lo que una política de detención extendida representa una inversión multimillonaria.

Sin embargo, el Congreso ya asignó recientemente 45.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención de ICE durante los próximos cuatro años. Estos fondos cubrirán la expansión de centros de detención, personal adicional y tecnología de vigilancia.

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Impacto en Carolina del Norte

La política podría tener un impacto directo en miles de familias latinas que viven en ciudades como Raleigh, Durham, Greensboro y Charlotte.

“Esto es aterrador. En lugar de estar con sus familias y esperar el proceso, nuestros vecinos podrían estar detenidos por años en cárceles privadas”, alertó Carlos Murillo, organizador comunitario de El Pueblo NC. “Están haciendo de la detención una herramienta política, no un proceso justo”.

En Carolina del Norte, donde viven más de 1.1 millones de latinos, los defensores de derechos humanos han alertado que la comunidad migrante es uno de los pilares económicos del estado, especialmente en construcción, agricultura, salud y servicios. Muchos de ellos tienen familiares con estatus mixto, es decir, padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses.

Ante esta nueva medida, organizaciones locales como El Centro Hispano, El Pueblo, y la Red de Defensa de los Inmigrantes de Carolina del Norte recomiendan:

No firmar documentos sin hablar con un abogado.
Tener un plan familiar en caso de detención.
Guardar todos los documentos migratorios y de identidad en un lugar accesible.
Buscar asesoría legal lo antes posible.
Informarse a través de medios confiables y organizaciones comunitarias.
No caer en pánico ni hacer cambios drásticos sin orientación legal.

Derechos en la cuerda floja

Abogados y organizaciones de derechos civiles advierten que esta medida viola el principio constitucional de la presunción de inocencia y podría equivaler a una detención arbitraria prolongada.

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“La prisión preventiva nunca debe ser la primera opción en un sistema que dice defender la libertad”, expresó en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). “Negar el derecho a una audiencia de fianza impide a las personas presentar pruebas, explicar su situación y permanecer con sus familias mientras esperan el veredicto final sobre su estatus migratorio”.

También señalaron que la medida podría tener un efecto traumático en niños y familias completas, especialmente cuando los padres detenidos no pueden ver ni comunicarse con sus hijos durante meses.

Un intento de disuasión

Para los sectores más conservadores, esta nueva medida es vista como una estrategia efectiva para frenar la inmigración indocumentada.

“El mensaje es claro: si cruzas sin autorización, te quedarás detenido hasta que el juez decida tu futuro. Eso disuadirá a muchos de venir”, expresó un funcionario republicano bajo anonimato al Post.

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El presidente Trump ha mantenido una postura radical en materia migratoria desde su regreso a la Casa Blanca en enero. Su administración ya cerró virtualmente la frontera con México, ha enviado al menos 1.500 militares a la frontera sur y ha reactivado políticas de deportación rápida en todo el país.

Durante su campaña electoral, prometió deportar a millones de personas que viven sin documentos en Estados Unidos.

Mientras los tribunales aún podrían recibir demandas legales para frenar la medida, por ahora se trata de una política efectiva e inmediata. Esto significa que miles de personas podrían enfrentar detención prolongada sin derecho a pedir una audiencia justa.

Organizaciones nacionales ya se están preparando para presentar recursos legales. “Vamos a luchar por cada persona detenida sin necesidad. El debido proceso es un derecho humano”, expresó la abogada y defensora migrante Lourdes Hernández, desde Washington.

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