Perú plantea que policías y militares sean juzgados en fuero castrense al usar sus armas

Lima, 5 nov (EFE).- El Consejo de Estado de Perú, organismo encabezado por la presidenta Dina Boluarte, aprobó este martes promover un marco legal que permitirá a la policía y militares ser juzgados en el fuero militar-policial en caso de emplear sus armas de reglamento.

El eventual juzgamiento de los uniformados se realizará bajo el control previo de la Inspectoría, precisó una nota de prensa de la Presidencia de la República.

Agregó que también se acordó coordinar entre esas entidades la creación de leyes que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado y permitan a los gobiernos regionales y locales destinar recursos propios a la seguridad ciudadana.

De la misma forma, se establecieron acciones conjuntas en la prevención del delito, especialmente en la protección de menores, y se impulsará una ley para regular la situación de profesores vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político de la banda armada Sendero Luminoso, garantizando su alejamiento de los menores y adolescentes.

Sendero Luminoso fue el principal responsable de las 69.000 víctimas atribuidas al conflicto armado interno entre 1980 y 2000 en Perú, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

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El Consejo de Estado también aprobó la contratación de policías en sus días de descanso y vacaciones, y autorizar al ministerio del Interior la transferencia de recursos a gobiernos locales en emergencia para la compra de logística para seguridad ciudadana.

También se implementará un régimen especial en las compras estatales para la seguridad, con control de la Contraloría General de la República.

«Este Consejo abordó, al más alto nivel, temas que no pueden esperar, y la presencia de todos ustedes demuestra que el Perú se pone de pie para vencer la inseguridad generada por la delincuencia organizada, y garantizar el crecimiento y la estabilidad del país», dijo Boluarte en Palacio de Gobierno.

En la sesión participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, así como el fiscal de la Nación (general), Juan Carlos Villena, entre otras autoridades políticas y militares.

Otros acuerdos aprobados fueron el aumento de sanciones penales para quienes corrompan a militares y policías, así como la aprobación de leyes para proteger a denunciantes, víctimas y testigos de crímenes graves, como el sicariato y la extorsión.

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También se habilitará el congelamiento de cuentas bancarias utilizadas para extorsión y se incrementarán las penas para los extranjeros expulsados que reingresen al país de manera irregular.

Igualmente, se aprobó la implementación de políticas migratorias que regularán el ingreso y permanencia de extranjeros, así como la fiscalización laboral de extranjeros en el país.

Además, se fortalecerán los controles en las fronteras y se revisarán las políticas de movilidad humana para migrantes, refugiados y peruanos en el exterior.

Al inicio de la cita, Boluarte aseguró que «esta es una oportunidad crucial para fortalecer la coordinación y acción del Estado en temas fundamentales para el desarrollo, la seguridad ciudadana y el bienestar de cada uno de los peruanos».

La gobernante también dijo que desde que se decretó el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y la provincia vecina del Callao, a fines de septiembre pasado, las fuerzas de seguridad están «dando pasos concretos frente al crimen».

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Aseguró que se ha detenido a 2.947 personas, 360 de ellas con requisitorias, y se ha desarticulado 131 bandas criminales, en más de 3.100 operativos.

Boluarte convocó al Consejo de Estado, una instancia que solo se reúne para discutir temas de gran urgencia para el país a iniciativa del jefe de Estado, luego de que las máximas autoridades de la Judicatura insistieran en que se celebre esa reunión.

El encuentro se celebra dos semanas después de que los gremios de transporte público del país realizarán hasta tres paralizaciones para exigir a las autoridades medidas efectivas para el combate de la delincuencia y el crimen organizado.

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