Nueva regla de carga pública y residencias permanentes

Raleigh, NC., 21 de julio de 2026- Las familias inmigrantes de Carolina del Norte que planean solicitar la residencia permanente (green card) deben prestar atención a un cambio importante en la política migratoria federal. 

A partir del 18 de septiembre de 2026, entrará en vigor la nueva regla de carga pública impulsada por la administración del presidente Donald Trump, una medida que modificará la forma en que el gobierno evalúa algunas solicitudes de residencia.

La disposición otorgará mayor discrecionalidad a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para determinar si una persona que solicita la residencia podría convertirse en una “carga pública”, es decir, depender del gobierno para cubrir sus necesidades básicas. Organizaciones que brindan asistencia legal en Carolina del Norte recomiendan a las familias buscar orientación antes de tomar decisiones relacionadas con beneficios públicos o procesos migratorios.

La nueva política aplicará únicamente a las personas que presenten solicitudes de admisión al país o de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente a partir del 18 de septiembre de 2026.

De acuerdo a información compartida por el Centro de Justicia de Carolina del Norte, en este estado esto impactaría principalmente a inmigrantes que buscan la residencia mediante una petición familiar y a algunos residentes permanentes que permanezcan fuera de Estados Unidos por más de 180 días y necesiten solicitar nuevamente su admisión.

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El organismo ha aclarado que la medida no afecta a:

• Ciudadanos estadounidenses.
• Personas que ya poseen una residencia permanente.
• Beneficiarios o solicitantes de TPS.
• Solicitantes de asilo y refugiados.
• Titulares de visas U y T.
• Beneficiarios de VAWA (Ley de Violencia contra la Mujer).
• Jóvenes con Estatus Especial de Inmigrante (SIJS).

Esto significa que miles de venezolanos, cubanos, haitianos y personas de otras nacionalidades que actualmente mantienen solicitudes de asilo en Carolina del Norte continúan exentos de la evaluación de carga pública para ese proceso.

La evaluación será más amplia

Aunque el uso de determinados beneficios públicos podrá formar parte del análisis, no será el único criterio que revisarán los oficiales migratorios.

USCIS también evaluará factores como:

• Edad.
• Estado de salud.
• Situación familiar.
• Ingresos y patrimonio.
• Educación.
• Experiencia laboral.
• Apoyo económico del patrocinador.

Especialistas recuerdan que recibir algún beneficio público no implica automáticamente que una persona perderá la posibilidad de obtener la residencia permanente.

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Beneficios que no serían considerados

De acuerdo con las orientaciones emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), beneficios como el seguro por desempleo, la jubilación, el Seguro Social por discapacidad y los beneficios para veteranos no formarían parte del análisis de carga pública.

Sin embargo, organizaciones legales de Carolina del Norte advierten que estas aclaraciones aún no forman parte de una regulación detallada, por lo que recomiendan consultar cada caso de manera individual.

Diversas organizaciones que trabajan con inmigrantes en Carolina del Norte temen que la nueva política provoque que muchas familias dejen de solicitar programas de salud o alimentación por miedo a perjudicar un futuro trámite migratorio.

Durante la implementación de una política similar en el primer mandato del presidente Trump, millones de personas dejaron de acceder a beneficios públicos por temor, incluso cuando dichos programas no afectaban su situación migratoria.

Los expertos advierten que ese mismo fenómeno podría repetirse, especialmente entre familias de estatus migratorio mixto, donde muchos niños nacidos en Estados Unidos sí califican para programas de salud y alimentación.

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Recomendaciones

Abogados y organizaciones comunitarias del estado aconsejan no tomar decisiones basadas en rumores o información compartida en redes sociales. Antes de renunciar a un beneficio público o presentar una solicitud de residencia permanente, recomiendan consultar con un abogado de inmigración acreditado o con organizaciones de confianza que brindan orientación legal.

La nueva regla podría tener implicaciones para algunos procesos migratorios, pero no afecta por igual a todos los inmigrantes ni significa que quienes reciben beneficios públicos perderán automáticamente la posibilidad de obtener la residencia permanente.

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