Fuente: Berenice Malagón
02/14/2018

Raleigh, N.C. 8 febrero 2018-Activistas y empresarios de Carolina del Norte se unieron en un esfuerzo por detener el proyecto de ley SB 145, que de aprobarse este año en la cámara baja, podría aumentar los desafíos para la comunidad indocumentada del estado.

El esfuerzo fue realizado durante un día en que se dieron a la tarea de reunir la mayor cantidad de cartas escritas por los residentes del estado dirigidas a los representantes con un mensaje en común, solicitar su voto en contra de dicha propuesta de ley. 

La propuesta de ley senatorial 145 permitiría a oficiales de caminos actuar como agentes de migración, retiraría la habilidad de las autoridades locales para aceptar ID´s comunitarias y penalizaría a aquellas ciudades que no operaran bajo las leyes de inmigración, lo que también ocasionaría que Universidades estatales tuvieran que divulgar la situación migratoria y datos personales de sus estudiantes si esta información les es solicitada. 

La jornada de cartas en contra de la SB145, se realizó el jueves durante todo el día y la Fábrica de chocolate Videri, el restaurante Jose and Sons, The District Raleigh, Morning Times, Person Street Bar, el restaurante Centro, Ruby Deluxe y Slim's Downtown, apoyaron la iniciativa.

Al preguntar a la  dueña de Videri, la señora Starr Sink Ratto el motivo por el cual estaba prestando las instalaciones de su fábrica de chocolate para esta causa, la empresaria contestó: "Creo que es lo correcto que debemos hacer". 

Sink reveló que el "cofee manager",  de Videri. La empresaria comentó que la esposa de Isaac, es originaria del Perú y acaba de convertirse en ciudadana de los Estados Unidos la semana pasada. "Ha sido un largo, largo proceso y el mensaje que quiero dar es que es importante ser compasivo y empático con la situación de cada individuo y llevar las historias a ser escuchadas antes de tomar decisiones en la legislatura".

De acuerdo a El Pueblo, "el proyecto de ley del Senado 145 es un amplio proyecto de ley antiinmigrante que obstaculizaría la economía de nuestros estados al poner en riesgo a los gobiernos locales y dañar seriamente el sistema de la Universidad de Carolina del Norte", los activistas coinciden en que "nuestro estado necesita una legislación inclusiva y con visión de futuro que promueva la diversidad, defienda nuestros valores y permita que todos los habitantes de Carolina del Norte prosperen en el estado que llaman su hogar".

El proyecto de ley 145 fue aprobado por el Senado de Carolina del Norte en abril de 2017. Actualmente está a la espera de una audiencia en el Comité de Reglas de la Cámara, y podría ser presentado para una audiencia y votación durante la Sesión Corta de 2018.

145 ¿anti-inmigrante?
1. Permitiría que el Senado retenga una variedad de ingresos tributarios de los gobiernos locales que deciden limitar su papel en la aplicación de la ley federal de inmigración. Permitiría a informadores anónimos afirmar que los gobiernos locales están violando las leyes de inmigración del estado y obligar a la oficina del Fiscal General a dedicar recursos a una investigación. Si tal investigación determinara que un gobierno local está violando las leyes de inmigración del estado, podría suspenderse los fondos para el transporte y otros proyectos críticos. "Los dólares de impuestos deben gastarse en proyectos que mejoren las comunidades en las que vivimos y que no se pongan en peligro debido a asuntos no relacionados", señala El Pueblo.

2. Haría que el Sistema de la Universidad de Carolina del Norte divulgue el estado migratorio de los estudiantes a la ley que lo solicita. Una práctica que violaría las protecciones de privacidad en la Ley federal de derechos educativos y de privacidad de la familia (FERPA). "Los estudiantes en Carolina del Norte deben sentirse seguros de cumplir con su potencial educativo sin tener que preocuparse por la divulgación de su información personal" añade El Pueblo.

3. Retiraría la habilidad de las autoridades locales para aceptar identificaciones locales o comunitarias (ID's) para determinar la residencia o identidad de una persona. Actualmente los departamentos de policía locales apoyan los programas de identificación de la comunidad para la creación de valor y la mejora de las relaciones entre la policía y la comunidad, así que esta práctica podría representar un retroceso.

4. Requeriría al Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte hacer cumplir las leyes federales de inmigración a través del programa de 287 g, convirtiendo potencialmente a oficiales de la Patrulla de Caminos en agentes de inmigración y creando el único programa de ese tipo en todo el estado.
Sobre este último punto El Pueblo señala: "Transmitir la autoridad federal de inmigración a las autoridades locales es una práctica peligrosa que ha dado lugar a abusos contra los derechos civiles en Carolina del Norte y otras partes del país, al tiempo que ha obstaculizado las responsabilidades estatales y locales de las autoridades en el estado".


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