Fuente: Redacción
02/15/2017

Raleigh, N.C. 14 febrero 2017 - El pasado miércoles, un grupo de republicanos encabezados por Harry Warren propuso el proyecto de ley conocido como "Ley de Protección Ciudadana de 2017, que tiene como objetivo reducir el robo de identidad aumentando las penalizaciones por la manufactura, posesión o venta de documentos falsos principalmente.

La también conocida como HB-63, creará pruebas contundentes en contra de la liberación de ciertos extranjeros indocumentados antes de que tengan juicio, además de penalizar a las ciudades y condados que no cumplan con las leyes estatales relacionadas con las ciudades santuario.

En la sección 2b, determina que es ilegal para cualquier persona obtener con conocimiento, una forma de identificación mediante el uso de información falsa, ficticia o fraudulenta. Especifica que se consideran identificaciones aquellas que contenga una fotografía y que hayan sido emitidas por cualquier departamento estatal o agencia o subagencia del estado de Carolina del Norte o el gobierno federal o cualquier otro estado.

Este proyecto de ley, también considera ilegal mostrar o estar en posesión de una licencia de conducir o permiso, o una tarjeta de identificación especial, sabiendo que la misma es ficticia, o que ha sido sido cancelada, revocada, suspendida o alterada.

También, propone enmiendas al artículo 1 de los estatutos generales entre las que destacan que una agencia estatal o local encargada de hacer cumplir la ley pueda transportar con seguridad a un extranjero cuya presencia se ha verificado es ilegal en los Estados Unidos a una instalación federal en este Estado o a cualquier otro punto. Para una transferencia a instalaciones de custodia federal que están fuera de la jurisdicción de la agencia de aplicación de la ley se deberá obtener una autorización judicial o ejecutiva del Gobernador antes de transportar de manera segura a un extranjero que esté ilegalmente presente en los Estados Unidos.

Entre otros, también destaca que se propone se sigan las leyes federales de inmigración para verificar el estatus migratorio de los individuos. La provisión incluye la habilidad para que los agentes de policía realicen estas acciones.


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