Fuente: EFE
09/13/2017

Panamá, 13 sep (EFE).- Querellantes afectados por las supuestas escuchas ilegales del Gobierno del expresidente panameño Ricardo Martinelli advirtieron hoy que las actuaciones de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá podrían viciar otro proceso contra el expresidente, en el caso de la italiana Impregilo.

El vicepresidente de la máxima corte, Luis Ramón Fábrega, y su presidente, José Ayú Prado, trataron de notificar al expresidente (2009-2014) de una supuesta audiencia de imputación de forma irregular, sin tener autorización para hacerlo, sostuvo el abogado querellante Rosendo Rivera, en una conferencia de prensa.

Martinelli, quien se encuentra detenido en Miami esperando su extradición a Panamá para ser investigado por la interceptación de comunicaciones a unas 150 personas, tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señalado en un caso de extorsión en perjuicio de la constructora Impregilo.

Ante las dudas, un grupo de querellantes elevó una nota al presidente de la CSJ a fin de recibir información de situaciones suscitadas en el mes de agosto y para conocer por qué tres funcionarios de la oficina de la Secretaria General de la CSJ acudieron a Miami para tratar de hacer llegar la notificación de la audiencia en este caso.

Según informó el abogado, el magistrado Fábrega, que actúa como fiscal del caso, hizo varias solicitudes de fijación de audiencia de imputación para el caso Impregilo desde el 8 de agosto con "carácter de urgencia", la última el 25 de agosto con solicitud de fecha para el 31 de ese mes.

Este documento fue enviado al Consulado de Panamá en Miami para que se notificara a Martinelli, sin respetar los procedimientos, porque aún no contaba con el aval del magistrado que sirve como juez de garantías en el caso, Harry Díaz, único autorizado para indicar la forma de notificación y encargado de entregarla.

Rivera aseguró que en la carta, que fue consignada este martes, se le pidió a ambos magistrados indicar por órdenes de quién viajó una comitiva a Miami a entregar el documento.

"Una vez que nos respondan podemos obtener las pruebas para evidenciar que los dos magistrados, uno en función de presidente y vicepresidente en función de fiscal, abusaron de su cargo con el propósito de viciar no solo el proceso Impregilo, sino de otros, dado que el procedimiento para ejecutar este tipo de notificaciones no fue el correcto y ellos lo saben", sostuvo.

El letrado advirtió que los funcionarios tampoco cumplieron con los conductos regulares, porque, entre otras fallas, tampoco existe comunicación con la Cancillería de Panamá para hacer un enlace con el Gobierno estadounidense y entregar la notificación.

Una de las víctimas de las supuestas escuchas ilegales, Balbina Herrera, dijo que le preocupa que el máximo ente judicial favorezca con vicios al expresidente, que es procesado en esta instancia porque es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Por el caso de Impregilo la Justicia italiana condenó a un empresario cercano a Martinelli, Valter Lavítola, por intentar presionar a la empresa para que construyera un centro hospitalario pediátrico en la provincia panameña de Veraguas (centro), que ya se planeaba desde 2007 y que fue prometido por el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en 2010, pero no llegó a edificarse.

La acusación de la Fiscalía italiana contra Lavítola reveló que los ex jefes de Estado comunicaron al entonces presidente de Impregilo que, si no financiaba con 22 millones de euros la obra del hospital, Martinelli daría declaraciones negativas sobre la labor de la compañía como parte del consorcio que construyó las esclusas del canal ampliado de Panamá (Grupo Unidos por el Canal), lo que habría tumbado sus acciones en la bolsa.

De acuerdo con la prensa local panameña, el 26 de enero de 2017 el pleno de la CSJ admitió una investigación más al expresidente por el supuesto delito de extorsión, con base en una copia autenticada de la condena de Lavítola recibida por la Cancillería panameña.


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