Fuente: EFE
09/13/2017

San Salvador, 13 sep (EFE).- Excombatientes del Ejército salvadoreño y de la extinta guerrilla, aglutinados a una entidad estatal que administra los beneficios otorgados a veteranos, presentaron hoy el presupuesto para el 2018, que asciende a 98 millones de dólares, para garantizar la ayuda contemplada en la ley.

Miembros de la Comisión Administradora de Beneficiarios de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) detallaron que el dinero está destinando para pago de pensiones, salud, educación, transferencia de tierras, construcción de viviendas, inserción productiva, créditos y fortalecimiento institucional.

Además, la fuente informó durante una conferencia de prensa que para el 2017 el Gobierno de El Salvador aprobó un presupuesto de 5.500.000 dólares, el cual la Comisión Administradora orientó de la "manera más eficaz para los beneficios que se aplican con la ley".

La entidad detalló que hasta la fecha se ha destinado 4.036.500 dólares en el pago de la pensión a beneficiarios de la ley con más de 70 años de edad y a personas que padezcan enfermedades terminales, lo que suma más de 8.970 personas.

Agregaron que también se han entregado más de 200 becas universitarias para igual número de jóvenes, hijos de veteranos, con una inversión de 500.000 dólares.

Dicha entidad vela por el cumplimiento de beneficios para 63.000 veteranos de guerra, quienes reciben una pensión de entre 114,77 y 286,94 dólares.

La llamada Ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, la exguerrilla de la que se formó el actual partido de gobierno en El Salvador, fue aprobada por el Congreso en el 2015 y establece indemnizaciones, acceso a tierra y pensiones vitalicias para ellos, entre otros beneficios.

El 16 de enero de 1992, guerrilleros, militares y el Gobierno de turno firmaron acuerdos de paz que contemplaban beneficios para esos hombres y mujeres que combatieron en una guerra que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

En 2016, El Salvador vivió una crisis financiara que casi lo lleva al "default" de su deuda a corto plazo, generada por la falta de ingresos para el pago de sus compromisos, una baja recaudación fiscal y altos índices de evasión de tributos, según el Gobierno.

La falta de liquidez afectó la confección del presupuesto de 2017, que fue declarado inconstitucional en julio pasado por la Sala de lo Constitucional por, entre otros motivos, no contemplar los fondos con los que pagaría a los militares jubilados y su deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones.


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