Fuente: Verónica Gutiérrez
09/13/2017

Chapel Hill, N.C., septiembre 11 2017 - La Junta de Gobernadores de la Universidad de Carolina del Norte votó 24 a 3, con una abstención, para prohibir el litigio por parte del Centro de Derechos Civiles de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, con lo que deja a los pobres y minorías que se beneficiaban de estos servicios, fuera de sus habilidades para llevar sus casos.

La propuesta votada es técnicamente una prohibición de todos los centros e institutos involucrados en litigios, aunque la única entidad que litiga es el Centro de Derechos Civiles.

Ted Shaw, director del centro, al referirse a la posibilidad de que el consejo pudiera cambiar de opinión, "en mis sueños más esperanzadores, creí que tal vez podrían haber sido persuadidos por todos los argumentos hechos a favor del centro", y agregó que confiaba en que los miembros de la junta "podrían pensar en cosas como Charlottesville, y en que este no es el momento - si alguna vez existe - de recortar los mecanismos para hacer cumplir los derechos civiles y luchar contra la discriminación".

Por su parte, líderes del cuerpo estudiantil escribieron en un comunicado,"la propuesta de prohibir al Centro de Derechos Civiles de UNC de involucrarse en el trabajo de litigio no sólo afectará la capacidad del centro para mantener su misión central, sino también va en contra de los principios de la Universidad para servir a la comunidad a través del servicio público.

Mientras tanto, los miembros de la junta sostuvieron que la votación no mostró una falta de apoyo a los derechos civiles, diciendo que las clínicas legales exentas de esta prohibición pueden manejar casos similares. "Esto no es un voto en contra de la Facultad de Derecho de UNC o el centro de derechos civiles. Se trata de un aspecto particular del trabajo de los centros de derechos civiles ", dijo el presidente de la Junta Directiva, Lou Bissette.
La presidenta, Margaret Spellings dijo que la votación, que prohibió la capacidad de litigio del centro, no conduciría de alguna manera a una reducción en trabajo de los derechos civiles en el estado, puesto que es técnicamente posible que el centro pueda convertirse en una clínica legal.

"Un año a partir de ahora, es muy probable que veamos que el mismo tipo de trabajo se produce bajo la bandera de una clínica", dijo Spellings. "Bajo la rúbrica de una clínica legal, ciertamente podríamos tener el mismo tipo de actividades".

Shaw dijo que aunque el centro todavía puede operar, su futuro no es necesariamente brillante porque aunque pudiera reorganizarse de una manera que le permitiera litigar, esperaría que otro obstáculo se los impidiera. 

La escuela de leyes ya recibió un recorte de $500,000 en sus fondos por parte de la Legislatura estatal a principios de este año, después de las propuestas iniciales de un recorte de $4 millones.

Los partidarios de la prohibición dijeron que se oponían a las demandas del centro contra otras entidades gubernamentales y que los centros académicos deberían concentrarse en lo académico.

El Centro fue fundado en 2001, con tres objetivos: 1) equipar a futuras generaciones de abogados con las habilidades necesarias para asegurar oportunidades justas e iguales para las minorías y las personas de bajos ingresos; 2) influir en las políticas públicas y desarrollar programas innovadores, efectivos y sostenibles que eliminen las desigualdades raciales y económicas; y 3) representar, educar y abogar para que las minorías y las personas de bajos ingresos construyan su capacidad para eliminar las barreras raciales y económicas injustas y para mejorar sus propias comunidades.


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