Fuente: EFE
06/07/2018

Buyumbura, 7 jun (EFE).- El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, aseguró hoy que no se presentará a las próximas elecciones, previstas para 2020, a pesar de promulgar la nueva Constitución, considerada por los expertos como un mecanismo para permitirle extender su mandato al menos hasta 2034.

El jefe de Estado accedió al poder en 2005 tras el final de la guerra civil, y en 2015 optó a un tercer mandato prohibido por la anterior Carta Magna, lo que desató una ola de protestas y violencia seguida de represión contra manifestantes y opositores, además de un intento de golpe de Estado fallido en mayo de ese año.

Las informaciones publicadas hasta ahora afirmaban que Nkurunziza era el principal interesado en la reforma constitucional, pues podría presentarse de nuevo a las elecciones en 2020 y renovar en 2027, hasta 2034, por lo que este anuncio supone un giro sorpresivo.

El mandatario, de 54 años, anunció su intención de no presentarse en 2020 en la localidad de Bugendana (centro), donde se celebraba la ceremonia de promulgación de la nueva Constitución.

"Informamos a los burundeses y al mundo de que el final de nuestro mandato será en 2020", subrayó el gobernante.

"La Constitución ha sido modificada por el bien, la dignidad y la tranquilidad de los burundeses, y para un futuro brillante para ellos y para Burundi", agregó el presidente.

Asimismo, Nkurunziza prometió apoyar a quien fuese elegido candidato por su partido, el gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), que el pasado mes de marzo lo nombró "eterno guía supremo".

El referéndum acerca de esta modificación se celebró el pasado 17 de mayo, y los resultados arrojaron un 73,2 % de apoyo a la propuesta.

Una semana después, la coalición opositora Amizero y"Abarundi impugnó los resultados ante el Tribunal Constitucional, aunque su petición no fructificó finalmente.

Desde el comienzo de la crisis política en 2015, han muerto centenares de personas y cerca de medio millón se han visto obligadas a dejar sus hogares, según datos de la ONU, que ha acusado al Ejecutivo de crímenes de lesa humanidad.


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