Fuente: EFE
10/12/2018

Manila, 12 oct (EFE).- Después de casi tres décadas como misionera en Filipinas, la australiana Patricia Fox no sabe cuánto tiempo le queda en el país que considera su hogar, inmersa en una maraña burocrática para sortear la deportación que ordenó el enojado presidente Rodrigo Duterte.

Todo empezó el pasado 16 de abril, cuando funcionarios de la Oficina de Inmigración e Inteligencia se presentaron en su casa y la retuvieron durante casi 24 horas en dependencias de migración.

Tras horas de espera sin que nadie le dijera nada, un agente le espetó que el presidente Duterte estaba molesto con ella por su implicación en "actividades políticas", lo que viola los requisitos de su visado de misionera.

"No creo que nada de lo que he hecho sea político, que es lo que está prohibido a los extranjeros. Pero es difícil trazar una línea que separe la política y la defensa de los derechos humanos", dice en una entrevista a Efe en Manila la hermana Fox, que ha pasado en Filipinas 27 de sus 72 años de vida.

Sin perder la sonrisa, Fox se muestra convencida de que divulgar entre colectivos desfavorecidos cuáles son sus derechos humanos "básicos e inviolables", como el de hacer huelga, asociarse o a reclamar un trabajo digno, forma parte de las "enseñanzas de la Iglesia".

"¿Eso es anti-gubernamental? No lo creo, son derechos básicos", asegura la monja, convencida de que su caso se está usando de ejemplo para atenazar a otros misioneros o trabajadores humanitarios extranjeros.

Después de meses de recursos y apelaciones, Fox todavía permanece en Filipinas de manera legal mientras el Departamento de Justicia estudia su caso, pero es consciente de que tarde o temprano tendrá que abandonar el país porque es el deseo del propio Duterte, quien la ha tildado de "boca sucia" por supuestamente criticarle.

Sin embargo, Fox, madre superiora de la congregación católica de Notre Dame de Sion, asegura que en su labor como misionera nunca ha criticado directamente a Duterte, aunque sí ha expresado su opinión sobre el actual estado de salud de la democracia en el país.

"Impunidad y abusos de poder siempre han existido en Filipinas, también asesinatos y presos políticos. La novedad ahora es la militarización de la burocracia. Hay decenas de exmilitares ocupando cargos civiles", puntualizó.

Según Fox, en la actualidad en Filipinas hay autoridades negando el derecho a protestar o a ir a la huelga, libertades que están garantizadas en la Constitución. "Eso no sucedía desde los tiempos de Ferdinand Marcos", que gobernó el país dos décadas, casi la mitad del tiempo bajo la ley marcial, explica.

"Eso, junto a las miles de muertes ocurridas en el marco de la guerra antidrogas, está asustando a la gente. Los filipinos tienen cada vez más miedo", sentencia.

Fox recuerda que la situación de los derechos humanos y la militarización de la vida civil es especialmente grave en Mindanao, donde rige la ley marcial desde mayo de 2017 por la amenaza del terrorismo yihadista.

"El Gobierno no quiere que salga a la luz lo que está sucediendo en Mindanao con la ley marcial", afirma la australiana, que fue detenida precisamente cuando acababa de regresar a Manila de un viaje a esa isla del sur del país para investigar la situación.

Fox está convencida de que va a luchar hasta el final porque su caso, para bien o para mal, va a sentar un precedente: "El asunto es grave y va a afectar a muchos extranjeros -misioneros, voluntarios, trabajadores humanitarios o académicos- que podrán ser deportados e incluidos en una lista negra por hacer su trabajo".

"No hay sólo extranjeros en el punto de mira de Duterte. Hay una lista negra con unas 600 nombres, casi todos filipinos, acusados de terrorismo, simplemente por haber criticado abiertamente abusos de derechos en el país", avisa Fox.

¿Qué hará si finalmente le obligan a abandonar Filipinas? ."Seguiré haciendo labor solidaria en cualquier otro país", señaló Patricia Fox, que piso suelo filipino por primera vez en 1984 y regresó para quedarse definitivamente a principios de los noventa.


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