Fuente: EFE
08/13/2019

Guatemala, 13 ago (EFE).- La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó este martes a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas para mejorar la participación política de las mujeres, indígenas y afrodescendientes, al presentar su informe preliminar de los comicios presidenciales del pasado domingo.

En la segunda vuelta electoral el conservador Alejandro Giammattei, que llevaba más de una década aspirando a Presidencia, ganó con el 57,95 % de los votos frente al 42,05 % de su rival la ex primera dama Sandra Torres, de la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza.

"El porcentaje de mujeres legisladoras está muy por debajo del promedio regional (30,6)", se señaló en el documento, que observa que estas cifras denotan desafíos pendientes en cuanto a la participación y representación política de las mujeres, que en la actualidad representa la mayoría del padrón (54 %).

Según la misión el próximo Congreso -para la legislatura 2020-2024- solo estará conformado por el 19,38 por ciento de mujeres.

La misión considera que la falta de políticas de género explica la poca cantidad de mujeres que participan en las elecciones, además de la falta de recursos para que puedan competir en "igualdad de condiciones".

También recibió denuncias de candidatas, incluyendo indígenas y funcionarias públicas, que manifestaron ser "objeto de discriminación y racismo", y por ello, después de las recomendaciones de 1999, 2007, 2011 y 2015, lamentó que no se incorporaran políticas públicas para acabar con esa situación y consideró "oportuno" informar a la Comisión Interamericana de la Mujer.

Sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Guatemala, uno de los países con mayor población indígena de la región, la misión observó que su participación sigue "siendo baja" y que no existen mecanismos para promover su aumento.

Como limitantes para garantizar su participación, el informe señaló la exigencia legal de que los afiliados de los partidos sepan leer y escribir teniendo en cuenta el analfabetismo de la población indígena, así como los 11 dólares que cuesta el trámite del Documento Personal de Identificación.

A este propósito, alertó que la pobreza no puede ser un limitante para emitir su derecho a sufragio y pidió implementar medidas para aumentar la representatividad de la población indígena, más de la mitad de los guatemaltecos, y valorar la posibilidad de imprimir las boletas en idiomas indígenas.

La misión, dirigida por el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, felicitó a Guatemala y a su gente por unos comicios presidenciales que calificó de exitosos pero pidió otra serie de mejoras para optimizar el proceso.

El domingo los observadores de la OEA, 87 expertos de 25 nacionalidades repartidos entre Guatemala y Estados Unidos -donde se contabilizó el voto de los migrantes-, constataron que las mesas abrieron a tiempo, con los miembros titulares presentes y con los materiales necesarios, pero los centros no estaban adaptados para personas con diversidad funcional.

En total reportaron 14 incidentes de distinta naturaleza, entre ellos compra de votos, acarreo de votantes y amenazas a miembros de las Juntas Electorales Departamentales, además de disturbios en el municipio de La Blanca (San Marcos), aunque fueron menores.

"Pese a estos sucesos, la Misión destaca que la jornada de votación del domingo se desarrolló en un clima notablemente más tranquilo que el de las elecciones generales (16 de junio), en la que incluso hubo que lamentar muertos y heridos", indicó.

La misión de la OEA, la vigésima que se despliega en Guatemala, celebró que la transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral fluyera sin incidentes después de los fallos reportados en los comicios generales, pero lamentó la baja participación, de un 42,7 %, así como el voto en el extranjero, que solo fue del 0,8 %.

"Si bien la implementación del voto en el extranjero es un avance para el ejercicio de los derechos políticos de los migrantes guatemaltecos, la misión considera que deben tomarse medidas para mejorar los procedimientos de cara a futuras elecciones", señaló.

Tomando como contexto una nueva ley electoral, aprobada en 2016, Solís dijo que la misión observó un contexto político "sumamente complejo", en gran parte debido a la "alta litigiosidad" que existió durante todo el ciclo electoral, y por ello pidió no usar la justicia electoral como estratega "político-partidiaria".

Para ello pidió que las acciones de justicia en tema electoral ser resuelvan en dos instancias (Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad), que se emitan mecanismos judiciales y normativos para que todas las decisiones emitidas sean uniformes, contemplar mecanismos para sustituir candidatos y reconsiderar los candidatos.

Sobre los aspectos tecnológicos, que reportaron fallos en la primera vuelta, recomendó modificar el proceso de digitación de actas para que sea realizado de forma centralizada, incorporar técnicas de digitación anónima, buscar más acercamiento con los fiscales de los partidos políticos y reforzar la dirección de informática del Tribunal Electoral.

Para mejorar la violencia electoral que se presentó recomienda diseñar una metodología homogénea y registro único para contabilizar los incidentes, evaluar los mecanismos utilizados para elaborar mapas de riesgo, fortalecer los canales de coordinación y comunicación, y considerar en los planes de seguridad el resguardo de la integridad física de los funcionarios electorales.


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