Fuente: EFE
11/07/2017

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- Los hijos de personas acusadas o sospechosas de haber actuado durante la represión ilegal, de la última dictadura en Argentina, presentaron hoy al Parlamento un proyecto para que se les permita declarar contra sus padres en casos de delitos de lesa humanidad.

La iniciativa fue presentada por el colectivo Historias Desobedientes, formado a mediados del año pasado e integrado por personas cuyos padres han sido acusados e incluso condenados por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el último régimen de facto (1976-1983).

Aunque también hay casos de presuntos represores que hasta ahora no han sido investigados por la justicia y que podrían ser llevados a los tribunales si sus hijos fueran admitidos como denunciantes o testigos.

"Presentamos un proyecto para modificar el Código Procesal Penal, que tiene un artículo que prohíbe a hijos y familiares directos denunciar crímenes y otro artículo que prohíbe declarar en contra de un familiar", explicó a Efe Lorna Milena, miembro de Historias Desobedientes.

El cambio legal que piden se refiere exclusivamente a los casos de delitos de lesa humanidad.

"Nosotros somos hijos de genocidas. Algunos tienen información que quieren aportar a las causas y hay un escollo que lo impide", dijo Milena, quien señaló que ellos ya sufrieron desde la infancia "un pacto de silencio" que les impedía hablar y ahora son las leyes las que nos les dejan romper el silencio.

Pablo Verna, también integrante del colectivo, sostuvo que los dos artículos del Código Procesal Penal que piden modificar están "en incumplimiento con el derecho internacional relativo a los derechos humanos" que manda a los Estados a "investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad".

"Para cumplir esos fines no puede haber ningún escollo ni restricción de carácter legal. Esos artículos restringen o prohíben medios o fuentes de prueba, como los son la denuncia y los testimonios de los familiares", explicó Verna a Efe.

Los artículos vigentes buscan, en principio, proteger la cohesión familiar, pero, argumentó Verna, en estos casos este principio resulta infundado porque los familiares que quieren atestiguar en contra de un familiar genocida o denunciarlo "la cohesión familiar ya no existe y no hay nada que proteger".

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006 hasta ahora se han dictado sentencia en 193 juicios por el actuar represivo de la dictadura, con 818 condenados y 99 absueltos.

En total, entre condenados y procesados en casos de delitos de lesa humanidad, hay 1.064 detenidos en todo el país, aunque más de la mitad de ellos gozan del beneficio del arresto domiciliario.

Organismos de derechos humanos cifran en 30.000 las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.


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