Fuente: EFE
01/10/2018

San Juan, 10 ene (EFEUSA).- El Ejecutivo puertorriqueño tiene, en principio, de plazo hasta hoy para entregar a la entidad de control federal impuesta por el Congreso en Washington los planes fiscales revisados a causa del huracán María para los próximos años del Gobierno central, la eléctrica pública y la compañía de aguas.

La entidad puertorriqueña responsable de la presentación de los nuevos planes fiscales es la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

La novedad más destacada en la presentación de los documentos ante la Junta de Control Fiscal es que la vigencia de los planes tendrá un periodo de 5 años en vez de los 10 inicialmente previstos, debido a una revisión necesaria a causa del paso del huracán María por la isla caribeña el pasado mes de septiembre.

El huracán María provocó unos daños que el Gobierno de Ricardo Rosselló estima en 94.000 millones de dólares y durante más de 2 meses impidió cualquier tipo de recaudación de impuestos por parte de las autoridades puertorriqueñas, lo que supuso un nuevo golpe para las debilitadas arcas de este Estado Libre Asociado a Estados Unidos de cerca de 3,5 millones de habitantes.

Los planes fiscales revisados a presentar se corresponden con los del Gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), las dos principales corporaciones públicas de la isla, ambas muy endeudadas y con graves problemas de liquidez.

El plan fiscal inicial, antes del paso del huracán María, preveía en el plazo de la próxima década unos ahorros cercanos a los 34.000 millones de dólares.

El documento preveía para la estatal AEE una reducción de más de un 20 % en el consumo de energía en una década, lo que probablemente deberá modificarse con las nuevas circunstancias.

La AEE, que partía con una deuda de cerca de 9.000 millones de dólares, alcanzó con sus acreedores un acuerdo que permitió una reducción de 384 millones.

En cuanto a la AAA, se destinaban 3.600 millones para cumplir con sus compromisos financieros, lo que requería un aumento de tarifas de un 2,5 % durante los próximos 10 años.

Los planes deben entregarse a la Junta de Control Fiscal, entidad establecida después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la Ley para la Supervisión, Administración y. Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Promesa es una norma con la que Washington trata de dar solución a la imposibilidad del Ejecutivo de la isla de asumir un pago de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares y de sus corporaciones.

La convivencia en los últimos meses entre la Junta de Control Fiscal y el Gobierno que lidera Ricardo Rosselló no ha sido fácil, ya que ambos han tratado de marcar sus posiciones.

Las diferencias, incluso, han obligado a la intervención de los tribunales para dirimir en las diferencias entre el Ejecutivo y la entidad federal.

La Junta de Control Fiscal ha tratado de imponer unos ajustes en el gasto público difíciles de asumir por el Gobierno de Ricardo Rosselló, que lleva poco más de un año en el poder, que ve cómo recortar todavía más el gasto en partidas sociales podía provocar un grave descontento entre la población.

La situación se ha visto agravada todavía más con el huracán María, que trastocó todas las cuentas del Gobierno y que abre un nuevo panorama una vez que hay que afrontar una serie de gastos extraordinarios, a lo que se debe sumar una preocupante emigración hacia EEUU que reduce cada vez más la base tributaria de la isla caribeña.


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