Fuente: EFE
07/12/2018

San Juan, 12 jul (EFEUSA).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó hoy el proyecto del senado 811 por el que se crea la Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia.

Esta nueva ley aplicará a los servicios básicos que proveen entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Al firmar la medida, el primer ejecutivo resaltó que "nuestra política siempre ha sido que ningún cliente pague por un servicio que no recibió. Por eso, el pasado mes de octubre ordené suspender la facturación de agua y luz hasta que la AAA y la AEE pudieran determinar con certeza el consumo de sus clientes durante el periodo de la emergencia".

Rosselló también añadió que con esta nueva ley "aseguramos que, en caso emergencias futuras, los clientes tampoco tendrán que pagar por estos servicios si no los reciben y se puede determinar su consumo real".

"En la ruta hacia la transformación de nuestro sistema energético, esta ley nos permite comenzar a reformar el sistema de facturación para garantizar un sistema justo, razonable y transparente", agregó.

La nueva ley declara como política pública del Gobierno la facturación "justa, razonable y transparente" de los servicios públicos esenciales (agua y luz) durante situaciones de emergencia.

La nueva medida también dispone que las interrupciones prolongadas de servicio que puedan ocurrir a raíz de situaciones de emergencia "no serán razón para la facturación de cargos fijos o cargos por consumo que impliquen que el cliente tenga que pagar por un servicio esencial que no fue provisto".

"Si el cliente recibió el servicio público esencial en parte del periodo de facturación concerniente, se prorrateará cualquier cargo fijo de manera que se pueda descontar cualquier periodo en el cual no se ofreció dicho servicio debido a una situación de emergencia", agregó.

El senador Miguel Romero Lugo, autor de la medida, dijo que esta ley representa el compromiso "de nuestra administración y del gobernador en evitar la facturación excesiva por servicios de agua y energía eléctrica que reciben nuestros ciudadanos".

Al amparo de la nueva ley, los clientes de la AEE y la AAA tendrán un procedimiento para reclamar por cualquier actuación contraria a esta política.

La AAA, la AEE y la Comisión de Energía tendrán un plazo de 30 días para establecer la reglamentación necesaria con el fin de dar cumplimiento a esta ley.


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