Fuente: Editorial
05/11/2017

La ley SB-4 firmada el pasado domingo por el gobernador de Texas entraría en vigor el 1 de septiembre si es que logra superar las múltiples demandas que ya se avisan a su alrededor. Esta ley, como muchos ya lo han puntualizado llevaría al estado de la estrella solitaria a ser el más discriminatorio al exigir que su policía local pregunte por el estatus migratorio de todos a los que detienen de manera legal. Con ello, todos aquellos que "parezcan" indocumentados sin importar si han vivido en ese estado por generaciones o si son ciudadanos podrán ser víctimas de discriminación. También impondrá multas a las agencias y escuelas que no participen con esta ley además de castigar con cárcel a los agentes del orden que se reusen o no apliquen las medidas requeridas por la SB4.

Carolina del Norte no se encuentra tan lejos de poder llegar a un extremo como el que enfrentan los inmigrantes de Texas. En las últimas semanas hemos publicado que existen en la legislatura diferentes proyectos de ley que pretenden mantener en las sombras a miles de indocumentados y de paso atemorizar al resto de la población inmigrante. Nuestros representantes en la Legislatura Estatal han estado muy ocupados, trabajando incluso a deshoras para promover proyectos antiinmigrantes, aprobarlos y moverlos rápidamente a los diferentes comités.

Si seguimos ante este panorama de juego político entre ambos partidos, pronto podriamos estar igual o peor que los texanos. Aunque la comunidad aún está a tiempo de ser escuchada y detener todos estos proyectos antiinmigrantes enviando cartas, correos electrónicos o llamando a los legisladores promotores de esas leyes para hacerles saber que no están de acuerdo. Sin embargo, se percibe poca participación ciudadana. 

Sabemos que todavía quedan representantes razonables que saben que para mantenerse en el juego político no podrán dejar atrás a los miles de trabajadores indocumentados que el estado necesita. Como medio de comunicación refrendamos nuestro apoyo a la comunidad y a la petición de una reforma migratoria integral que beneficie a esos trabajadores que no solo participan y forman parte de la sociedad en Carolina del Norte, también son individuos necesarios para continuar moviendo la economía, principalmente en un estado que es primordialmente agrícola y que depende de las manos de esos trabajadores para subsistir. 


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