Fuente: EFE
03/18/2018

Quito, 18 mar (EFE).- La libertad de prensa en Ecuador será sometida a escrutinio internacional en los próximos meses para verificar que se atiene a los estándares aceptados y que la polémica Ley de Comunicación de la era de Rafael Correa sea enmendada para proteger también el trabajo de los periodistas.

El análisis recaería sobre dos relatores especiales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, que serán invitados por el Gobierno de Lenín Moreno para estudiar la situación en el país.

Así se lo comunicó el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, a una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que esta semana visitó el país y se reunió con más de 40 profesionales para evaluar el desarrollo del trabajo periodístico tras el cambio de gobierno.

La delegación concluyó tras cinco días de reuniones que aunque "ha cambiado el panorama para los medios en Ecuador" y "hay un cambio en el esfuerzo público", el presidente Moreno y su Gobierno aún deben desmantelar el aparato que permitió al anterior aplicar a ciertos medios costosas multas, llevando a algunos de ellos cerca del abismo financiero.

"El esquema represivo queda intacto y el verdadero trabajo está por hacer", manifestó el jefe de la delegación, Joel Simon, en una visita a la delegación de la Agencia Efe en Quito.

El responsable de la ONG con sede en Nueva York, consideró muy positivo "el cambio de discurso" que se ha producido en el país desde la llegada al poder de Moreno en mayo de 2017, pero recordó que sigue vigente una de las leyes de comunicación más duras aprobadas nunca en una democracia y que, mientras exista, el trabajo de los periodistas se ve amenazado.

"En la época de Correa había sin duda una amenaza a la libertad de expresión, que llegó a ser una preocupación primordial a nivel internacional", señaló Simon.

La popularmente conocida como "LOC", de 2013, contempla además la sanción penal al convertir la multa administrativa en preludio de acciones penales, lo que a juicio de Simon hace de ella "una de las más represivas".

Y aunque la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) no ha registrado ningún caso en que haya ocurrido eso, el último informe de Freedom House que abarca hasta diciembre de 2016, aún bajo el Ejecutivo de Correa, sitúa a Ecuador como el tercer país con menos libertad de prensa en la región solo por detrás de Cuba y Venezuela.

Organización independiente y sin fines de lucro que defiende la libertad de prensa en todo el mundo y acreditada ante la ONU, el CPJ ha realizado varias visitas a Ecuador en los últimos años.

Con la actual ha querido verificar que se inicia un proceso para corregir esa situación y respaldar el trabajo de gremios locales que desde hace meses exigen al Gobierno ecuatoriano enmendar la situación y volver a los márgenes aceptados internacionalmente.

"Que venga una misión a constatar el estado de la libertad de expresión en Ecuador es un fuerte espaldarazo para las organizaciones locales, que muchas veces tenemos limitaciones y actuamos en entornos de desconfianza", valoró en declaraciones a Efe César Ricaurte, director de Fundamedios.

El activista ecuatoriano recuerda que su país "está saliendo de una década de un gobierno autoritario", que "tenía como estrategia política polarizar y dividir a la sociedad".

La delegación del CPJ no tuvo oportunidad de reunirse con el máximo mandatario ecuatoriano, pero su secretario de Comunicación le trasladó que "la directriz del presidente a sus funcionarios es que tengamos una ley reformada en un plazo corto, 6 meses posiblemente, y que cumpla los estándares internacionales", según Ricaurte.

Para el CPJ y Fundamedios, la cuestión de tiempo es crucial, porque mientras la LOC siga vigente los periodistas siguen literalmente expuestos a sanciones penales y demandas económicas, quizá no ya del Gobierno de Moreno y del aparato ejecutor -la otrora temida SUPERCOM-, pero sí de cualquier funcionario de segundo rango.

"Hemos oído de periodistas que hay editores que no quieren publicar investigaciones, y de la existencia de funcionarios, principalmente en zonas regionales, con exigencias (improcedentes) a periodistas", confirmó en ese sentido John Otis, consultor del CPJ residente en Bogotá.


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