AMIA afirma que la muerte de Nisman tiene la «misma impunidad» que el atentado a su sede

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) recordó este lunes al fiscal federal Alberto Nisman durante un acto en homenaje donde señaló que estos 10 años de su fallecimiento, son parte de la «misma impunidad» que se ha vivido tras el atentado a su sede en 1994, causa llevada adelante por el fiscal al momento de su muerte.

El homenaje fue encabezado por el titular de la AMIA, Amos Linetzky, junto a la exesposa del fiscal y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado; también participó el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el periodista y amigo de Nisman Joaquín Morales Solá.

“El asesinato del fiscal es la impunidad, la misma que vivimos hace más de 30 años con la Embajada de Israel y nuestra institución. La Justicia ha determinado que fue un asesinato. Sabía que su vida estaba en juego. Hay evidencias de las amenazas que recibió, por eso es importante homenajearlo”, destacó Linetzky.

El atentado contra la mutual israelita fue el segundo ataque terrorista contra instituciones judías en Argentina, después de que 29 personas muriesen en 1992 debido a la explosión de una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires. La comunidad judía atribuye a Irán y a la organización terrorista chií libanesa Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.

“Su asesinato y posterior campaña de desprestigio fue de una bajeza inconmensurable, pero no lograron enterrar su trabajo ni sus proyectos personales. Porque sus hijas, Iara y Kala, crecieron y se convirtieron en dos mujeres de bien, estudiosas, trabajadoras, amables y educadas. Crecieron sin odios, sin resentimientos, sin ánimos de venganza y sin miedos”, expresó Arroyo Salgado.

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Caso Nisman

Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza durante la noche del 18 de enero de 2015, horas previas de presentar una denuncia, en el Congreso, contra la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por un supuesto encubrimiento a iraníes acusados de terrorismo.

“La Justicia ha determinado que fue un homicidio. Un fiscal federal investigando uno de los peores atentados terroristas sufridos en nuestro país. Un fiscal federal que, en consecuencia a su investigación, aparece sin vida”, recalcó Linetzky en rueda de prensa previo al homenaje.

El fiscal investigaba el ataque a la AMIA en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos; había denunciado a la exmandataria, a su canciller Héctor Timerman -actualmente fallecido- y otros dirigentes kirchneristas por presuntamente encubrir a iraníes acusados del ataque.

Al principio, la muerte de Nisman se investigó como suicidio, pero fue caratulada como homicidio por la Cámara Federal de Casación Penal en junio del 2018 y el proceso es llevado adelante por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, aunque todavía no han dado con los responsables.

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Un informe publicado la semana pasada por la Fiscalía concluyó que Nisman “fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”.

El documento indicó que parte de las dificultades para esclarecer el deceso del fiscal fue la contaminación de la escena en la que estuvieron unas 80 personas, tampoco se tomó la temperatura del departamento del complejo Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero, dónde fue hallado el cuerpo del fiscal.

“El Estado ha fallado en su investigación, la cantidad de irregularidades ha sido espantosa, desde el mismo momento del crimen”, agregó Linetzky.

Memorándum con Irán

Cuatro días antes de su muerte, Nisman había acusado a la exmandataria Fernández de firmar un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos (del ataque), que ocupaban altos cargos en el país persa e Hizbulá.

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Ese “pacto” con Irán nunca entró en vigencia y el Tribunal Oral Federal Nº 8 sobreseyó a la expresidenta por unanimidad el 7 de octubre de 2021, al considerar que el acuerdo «no constituyó un delito».

En 2023, Casación anuló el sobreseimiento y la Corte Suprema de Justicia confirmó a principios de diciembre pasado que Fernández debía ir a juicio oral y público por ese momerando, acusada de encubrimiento y abuso de autoridad. EFE

aam/afcu

(foto)(video)

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