Antichavista denuncia «cero apego a derecho internacional» tras 10 meses en sede argentina

Caracas, 20 ene (EFE).- La antichavista Magalli Meda, refugiada desde el 20 de marzo en la residencia de la Embajada de Argentina en Venezuela junto con otros cuatro opositores, denunció este lunes un «cero apego al derecho internacional» en la situación de asilo en el inmueble, custodiado por Brasil tras la expulsión del cuerpo diplomático del país austral.

A través de X, Meda -estrecha colaboradora de los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado- expresó que han pasado «10 meses secuestrados en esta embajada que han convertido en una cárcel».

En la red social, Meda aseguró que el pasado fin de semana «no autorizaron acceso a comida» a la residencia argentina, donde llevan -señaló- «casi 60 días sin servicio eléctrico, desde que se llevaron los fusibles que dan suministro a la sede diplomática».

Según los asilados, la calle donde se encuentra el inmueble «está tomada» por agentes policiales «las 24 horas del día», lo que forma parte -alertan- de un «acoso» que viola «los derechos que otorga el convenio sobre asilo diplomático de 1954 y la Convención de Viena».

«Conclusión: sufrimos asedio, acoso, cerco, hostigamiento y tortura psicológica. Los salvoconductos son un derecho. Se debe actuar ya, antes de que sea demasiado tarde», agregaron.

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Además de Meda, en la residencia se encuentran Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero y Humberto Villalobos, todos colaboradores del partido Vente Venezuela -liderado por Machado-, quienes se refugiaron tras ser acusados por las autoridades de conspiración y traición a la patria.

Hasta el pasado 19 de diciembre, también estaba el exministro Fernando Martínez Mottola, quien era asesor de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cuando se asiló en las dependencias de la embajada en marzo.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó posteriormente que el opositor se presentó «voluntariamente» en la sede principal de la institución, en Caracas, para declarar sobre «graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores organizados desde» la residencia de la Embajada de Argentina, «tras la celebración de las elecciones presidenciales» el 28 de julio.

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