La violencia del Catatumbo lleva al Gobierno colombiano a poner en pausa su anhelo de paz

Bogotá, 17 ene (EFE).- Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la convulsa región colombiana del Catatumbo, que ha dejado más de 30 muertos y más de 20 heridos en dos días, llevó este viernes al Gobierno a poner en pausa su anhelo de paz.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la suspensión de los diálogos con el ELN, al que acusó de cometer «crímenes de guerra» en el Catatumbo y del que dijo que no tiene «ninguna voluntad de paz».

La negociación está suspendida hasta que el ELN definitivamente decida «caminar hacia la paz» porque «este país no aguanta más estos vaivenes», explicó la jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos, Vera Grabe.

Las partes habían planteado reunirse la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos, que el Gobierno de Petro retomó en noviembre de 2022 y está congelada desde mayo pasado por diversas desavenencias.

El Gobierno también lleva a cabo un proceso de paz con una facción del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que es a la que ELN está atacando.

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Retomar el control

La ofensiva emprendida en la mañana de este jueves en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo, que abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, por el ELN contra sus rivales de las disidencias de las FARC sorprendió a los habitantes de varios caseríos que tuvieron que correr a buscar refugio para protegerse de los tiroteos, todo documentado en videos subidos a las redes sociales.

En esas imágenes se ve como guerrilleros del ELN recorren las calles en busca de sus víctimas y se escuchan las ráfagas de fusil y de ametralladoras, enfrentamientos que dejan hasta el momento el saldo de más de 30 muertos, entre ellos cinco desmovilizados de las FARC que se habían acogido al acuerdo de paz de 2016.

La ola de violencia ha provocado además numerosos heridos y el desplazamiento de familias enteras para escapar de los enfrentamientos, mientras se busca a 22 personas, 10 de ellas mujeres, al parecer secuestradas en el caserío de El Aserrío, que hace parte del municipio de Teorama.

«De momento tenemos cifras de más de 30 muertos y más de 20 heridos. Tenemos también poblaciones confinadas que están esperando la posibilidad de un corredor humanitario para poder salir y desplazarse a Ocaña o a Cúcuta», aseguró a EFE el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

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Por esa razón, Petro viajó este jueves a Tibú, uno de los municipios más afectados por la violencia en el Catatumbo, donde lideró un consejo de seguridad para buscar una solución a la crisis.

Extenuación del proceso de paz

Carlos Velandia, quien fue guerrillero del ELN y cuando se desmovilizó se convirtió en gestor de paz, aseguró que esta violencia ha «llevado a la extenuación el proceso de paz y ha forzado al Gobierno a suspenderlo».

«El ataque desatado por fuerzas guerrilleras elenas (del ELN) simultáneamente contra las bases sociales del Frente 33 (de las disidencias) (…) no es solo el ataque contra el adversario en la guerra, es el ataque a una fuerza guerrillera comprometida en un proceso de paz, lo cual controvierte la voluntad de paz expresada por la dirigencia del ELN», expresó Velandia.

El senador Iván Cepeda, que hace parte del equipo negociador del Gobierno, escribió en la red social X: «La lección que ha dejado la historia es inequívoca: cuando las revoluciones y las insurgencias armadas se manchan de sangre, y sacrifican la conciencia por la sumisión violenta, son derrotadas en el plano moral, en su legitimidad y en su justeza histórica».

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La zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es una región pobre y montañosa que limita con Venezuela y está formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

En ellos operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras bandas que se disputan el control de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico.

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