Los bolivianos comienzan a votar para elegir parcialmente a los jueces de altos tribunales

La Paz, 15 dic (EFE).- La jornada de comicios judiciales en Bolivia, en la que se elegirá por tercera vez en las urnas, aunque de forma parcial, a los magistrados de los máximos tribunales del país, comenzó con la apertura de los colegios electorales, donde más de 7,3 millones de bolivianos podrán sufragar este domingo.

Los 5.597 recintos electorales dispuestos en todo el país empezaron a abrir a las 08.00 hora local (12.00 GMT) y funcionarán durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16.00 (20.00 GMT), cuando se prevé el cierre de los colegios.

Al inaugurar la jornada de votación, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, hizo un repaso del accidentado camino recorrido para la organización de los comicios y señaló que llegan a este momento «con ánimo contradictorio».

«Por una parte, con la satisfacción del deber cumplido, pero por otro de profunda pena porque se trata de una elección que debió ser oportuna, completa y no parcial como la que nos tocó administrar», señaló.

Hassenteufel ratificó las críticas del TSE a la sentencia constitucional que declaró desiertas las convocatorias a dos tribunales en algunas regiones bolivianas porque vulneró el principio de «preclusión» y desconoció las competencias de ese órgano encargado de administrar los procesos electorales.

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Mencionó que como las sentencias constitucionales son vinculantes, el TSE «no tuvo otro camino que llevar adelante el proceso electoral» parcialmente.

Así, la ciudadanía elegirá a 19 de los 26 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

La supervisión de la votación está a cargo de 8.084 notarios y 198.114 jurados distribuidos en 33.019 mesas de sufragio.

Los 94 candidatos fueron previamente elegidos en el Parlamento nacional, según lo dispuesto por la Constitución vigente desde 2009, que establece que los magistrados serán elegidos por voto popular para un mandato de seis años.

Procesos electorales

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Esta elección es la tercera de su tipo en Bolivia tras las realizadas en 2011 y 2017, que tuvieron una gran cantidad de votos blancos y nulos en rechazo a los procesos considerados en su momento manipulados por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), para elegir a magistrados afines al Gobierno.

Por el fallo constitucional, en esta ocasión las elecciones se realizarán íntegramente solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, mientras que en Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no podrán elegir a los jueces del TCP y en los dos primeros departamentos tampoco votarán por los candidatos al TSJ.

El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios de este año, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un «vacío de poder» a falta de las elecciones que no pudieron efectuarse en 2023 por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso.

El proceso electoral cuenta con la presencia de misiones internacionales de observación enviadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Parlamento del Mercosur, entre otras.

En Bolivia el voto es obligatorio a partir de los 18 años, aunque ya no están obligados a sufragar los mayores de 70 ni quienes estén fuera del país el día de la elección.

Al votar, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.

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Quienes no voten, tienen 30 días para justificar su ausencia en las urnas y obtener un «certificado de exención», o pagar una multa de 500 bolivianos (unos 71,8 dólares).

También hay sanciones para quienes incumplan las restricciones que rigen durante la jornada electoral, como la prohibición de circular en vehículos no autorizados por el TSE, o las que se aplican desde el viernes, como la «ley seca».

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