Organizaciones impulsarán que Ecuador cumpla con fallo de Comité de la ONU sobre el aborto

Quito, 22 ene (EFE).- Grupos feministas impulsarán en Ecuador que las instituciones estatales cumplan con el dictamen que emitió el lunes el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado, al que condenó por no haber permitido el acceso al aborto a una niña que quedó embarazada tras una violación.

El Comité de la ONU se pronunció por el caso de Norma (pseudónimo para proteger su identidad), quien quedó embarazada con 13 años por las violaciones perpetradas por su padre, quien ya había agredido sexualmente a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades ecuatorianas. La decisión también incluye dos casos similares de niñas en Nicaragua.

Norma no pudo acceder a una interrupción del embarazo pese a que en el país es legal el aborto terapéutico, tuvo que vivir una maternidad forzada, y su agresor murió antes de que pudiera ser detenido y juzgado por el delito.

Por esa razón, organizaciones feministas del movimiento regional ‘Son niñas, no madres’ llevaron su caso, el de las niñas nicaragüenses y el de otras dos de Guatemala y Perú ante los comités de Derechos Humanos y del Derechos del Niño de la ONU, para buscar justicia internacional.

En su dictamen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que obligar a las niñas víctimas de violencia sexual a sufrir embarazos no deseados «es una violación del derecho a la vida digna y un acto que equivale a tortura», en palabras de una de sus integrantes, Hélène Tigroudja.

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Y ordenó al Estado ecuatoriano que adopte medidas para combatir la violencia sexual y para garantizar que todas las niñas víctimas de esta violencia tengan acceso efectivo a los servicios de aborto.

Cumplimiento del dictamen

«Nosotras vamos a impulsar el cumplimiento de este fallo», señaló la coordinadora de litigio estratégico de la organización Surkuna y abogada de Norma, Ana Vera, quien en una rueda de prensa realizada este miércoles en Quito, agregó que enviarán oficios a las autoridades solicitando la creación de una mesa técnica para garantizar la implementación del mismo.

Vera recordó que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es el encargado de liderar esta implementación en el país, pero que también la Asamblea Nacional (Parlamento) y la Corte Constitucional deben cumplir con sus partes.

«La Asamblea tiene el reto de eliminar las barreras de acceso al aborto para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y eso implica eliminar el delito de aborto del código penal, que está demostrado que es la mayor barrera, incluso en las causales, porque genera miedo e incertidumbre», indicó.

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Vera dijo que los profesionales de la salud «no saben cómo actuar» ante las solicitudes de aborto legal y que son «perseguidos» judicialmente.

Con respecto a la Corte, la abogada explicó que los jueces deben considerar este dictamen de manera obligatoria al momento de decidir sobre las causas de despenalización del aborto que analiza actualmente.

Según datos proporcionados por las organizaciones, cada día en Ecuador una docena de niñas de 10 a 14 años dan a luz producto de violaciones.

Decisión «sin precedentes»

La vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, explicó que Norma tiene que ser indemnizada, recibir educación para ella y su hijo, unas disculpas públicas y un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado «por las violaciones de derechos humanos» que se reconocieron en este fallo.

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Y aseguró que esta es una decisión que no tiene precedentes, pues el Comité establece por primera vez que obligar a las niñas a seguir adelante con un embarazo y no brindarles acceso al aborto «ejerce en ellas una condición de embarazo forzado y maternidad forzada».

Martínez agregó que este dictamen tiene un alcance internacional, pues es vinculante para los países que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, la subdirectora de programas para Ecuador de Planned Parenthood Global, Paulina Ponce, dijo que esta condena es una medida de reparación para Norma y que las organizaciones la acompañarán hasta que todo lo ordenado por el Comité se haga realidad. «Para ella y para todas las niñas que han enfrentado una situación similar», concluyó.

En Ecuador, la interrupción del embarazo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las 12 semanas.

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