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Crimen y Justicia

Perú promulga ley que prohíbe detención preventiva de policías tras uso de sus armas

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Lima, 11 dic (EFE).- El Gobierno peruano promulgó una ley que modifica el Código Penal y prohíbe que los policías puedan ser detenidos preliminar o preventivamente después de haber hecho uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causar una lesión o muerte, con el argumento de garantizar su presunción de inocencia, según la norma publicada en el diario oficial El Peruano.

La ley 32181 modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957 en el caso de que el efectivo policial hace uso de su arma o medios de defensa en forma reglamentaria y que, como consecuencia de ello, «acontece alguna lesión o muerte».

Asimismo, precisó que queda prohibido que el fiscal y el juez soliciten y dicten el mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva, respectivamente, bajo responsabilidad funcional.

De forma similar, indicó que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena en su domicilio.

Esta norma se promulga tras las denuncias presentadas contra un número indeterminado de policías en actividad que actuaron en la represión de las protestas antigubernamentales, de fines de 2022 e inicios del 2023, en las que fallecieron 49 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.

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La norma, aprobada en noviembre por el Congreso, explica que «es menester» eliminar cualquier barrera que pueda tener la Policía para que ejerza sus funciones constitucionales con libertad, sin temer futuras represalias como la detención preliminar o la prisión preventiva.

Agrega que la detención preliminar, en general, está creando hacinamiento carcelario, y criticó que la Fiscalía hace «uso excesivo» de esta figura porque no requiere de mayor sustento.

En el caso de los miembros de la Policía Nacional del Perú, considera necesario «brindarles la seguridad de que pueden combatir la criminalidad y que cuentan con protección legal adecuada», según recoge el dictamen en el análisis de su necesidad, viabilidad y oportunidad.

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