Sector privado hondureño pide reconsiderar tratado con EEUU y plan ante deportación masiva

Tegucigalpa, 6 ene (EFE).- La empresa privada de Honduras instó este lunes al Gobierno a reconsiderar la decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, y solicitó un «plan claro» ante la anunciada deportación masiva de hondureños por parte del presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

“La eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos ha afectado seriamente la lucha contra el narcotráfico, como país aún estamos a tiempo de revertir tal decisión”, indicó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la principal cúpula patronal de Honduras, en un comunicado.

El Gobierno hondureño notificó el 28 de agosto de 2024 a la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países, en medio de tensiones diplomáticas con la embajadora estadounidense, Laura Dogu.

La embajadora estadounidense criticó ese mismo 28 de agosto una reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en el contexto de un evento deportivo militar.

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Plan ante masiva deportación

El sector privado reclamó al Gobierno de Xiomara Castro «un plan claro y bien estructurado» ante el anuncio del presidente electo de EE.UU. de deportar masivamente a hondureños.

“Si esta medida se materializa en 2025, el impacto sobre las comunidades y las instituciones hondureñas podría ser profundo, especialmente considerando las actuales limitaciones en la generación de empleos y oportunidades que permitan absorber a estos compatriotas en retorno”, enfatizó.

Trump prometió desde la campaña una deportación masiva de inmigrantes ilegales que comenzaría el próximo 20 de enero, cuando empieza el nuevo Gobierno estadounidense, como ya aseguró Tom Homan, considerado el ‘zar de la frontera’ de la nueva Administración.

Según autoridades de Tegucigalpa, más de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, viven en EE.UU., y 280.000 nacionales están en lista de deportación.

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Avanzar en la lucha contra la corrupción

Además, la empresa privada señaló que «sigue pendiente avanzar» en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), un mecanismo clave en la lucha anticorrupción y el fortalecimiento institucional.

El Cohep considera que la llegada de la Cicih “sigue teniendo obstáculos significativos”, por lo que urge al Parlamento hondureño aprobar «leyes clave y derogar otros pactos de impunidad» que impiden combatir la corrupción.

La creación de una comisión anticorrupción, con el apoyo de Naciones Unidas, es una de las promesas de campaña de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que reafirmó cuando asumió el poder el 27 de enero de 2022.

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El Gobierno hondureño y la ONU suscribieron el 15 de diciembre de 2022 en Nueva York un memorándum de entendimiento (MOU), que ha sido ampliado cuatro veces, hasta el 15 de junio de este año, para lo que sería la Cicih.

La Secretaría General de la ONU y el Gobierno hondureño negocian los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento del eventual mecanismo.

Según la ONU, el mecanismo internacional contra la corrupción entrará en vigor cuando ese acuerdo esté vigente, haya un convenio por escrito sobre las garantías legales mínimas y los requisitos para el funcionamiento de la comisión y un órgano intergubernamental de Naciones Unidas haya otorgado el mandato correspondiente.

La dirección de la Comisión será designada por el secretario general de la ONU para “garantizar su independencia, imparcialidad y autonomía”, según Naciones Unidas.

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