Un juzgado de El Salvador envía a juicio a 11 acusados por la masacre de jesuitas de 1989

San Salvador, 18 nov (EFE).- El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió este lunes a juicio a 11 acusados de la autoría intelectual de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos salvadoreñas en 1989, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

El abogado defensor Gabriel Solorzano dijo a periodistas, tras finalizar la audiencia preliminar que comenzó la pasada semana, que el juzgado ordenó el avance a juicio por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento.

Solorzano, que defiende a tres militares retirados en este caso, añadió que también se ordenó la detención de cinco imputados ausentes.

Se trata de Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y los militares retirados Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda. Mientras para los cinco imputados que se presentaron a la audiencia mantuvo la libertad condicional.

«Nosotros respetamos el criterio del señor juez, no la compartimos (la resolución)», dijo el abogado y sostuvo que en su opinión no se presentaban las condiciones técnicas ni procesales para seguir el proceso a la etapa de sentencia.

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Los militares procesados son Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejíía.

Los religiosos y las dos mujeres fueron asesinados por un comando de élite del Ejército de El Salvador en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña.

Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.

Montano cumple actualmente esta pena en España.

La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió en 2017 la reapertura del proceso a petición de la Universidad Centroamericana (UCA).

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Sin embargo, varios recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación y en 2020 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema cerró el caso.

Un nuevo fallo de amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrir nuevamente la causa penal en 2022.

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.

Los llamados «Mártires de la UCA» son recordados por su lucha por los sectores más desfavorecidos y los derechos humanos en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), que finalmente se saldó con 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos.

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